sábado, 17 de noviembre de 2012

La hipocresía del Poder Judicial



Federico Ruiz W.
Politólogo

Todos y cada uno de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron elegidos por la Asamblea Legislativa. Algunos con 29 votos, otros con 38 (según la norma vigente en ese momento), algunos con comisión de nombramiento, otros sin comisión de nombramiento.

Muchos (los más nuevos especialmente), hicieron lobby, campaña política para ser elegidos. Véase el caso de la Magistrada doña Doris Arias de la Sala Tercera, quien al momento de su elección dijo que le había pedido directamente el voto a por lo menos 20 diputados. Como ella, muchos han hecho su campaña para tener el favor político de los diputados*.

Para ser elegidos sí corren a buscar a los diputados, pero cuando les llega la hora de mantenerse en el puesto se consideran que están por encima del bien y del mal, que no hace falta hacer mayor cosa pues son inamovibles, que no tienen una responsabilidad política (sí, política) por sus decisiones.

Basta revisar las actas de la Asamblea Constituyente para darse cuenta que el tema de la inamovilidad de los magistrados fue discutida y rechazada. Lo que se estableció fue un régimen de estabilidad, y justo por ello se requiere una mayoría tan difícil de conseguir (la misma que para hacer cambios a la letra de la Constitución).

Si lo que se quiere es cambiar el sistema de elección, que ya no sea una decisión política de la Asamblea Legislativa, sino por otro medio, entonces se cambia las reglas del juego. Si lo que se quiere es que los magistrados sean vitalicios (con lo buenos, malos o mediocres que pudieran resultar), pues se cambian las reglas del juego. Si lo que se quiere es convertir al Poder Judicial es un supra poder que no esté sujeto a ningún tipo de control, pues se cambian las reglas del juego. Pero que se cambien después de una discusión seria, alejada de las pasiones.

Lo que no se vale, es hacer la de los chiquitos que agarran la bola y se la llevan para la casa. Lo que no se vale, es poner en entredicho el sistema que los eligió, solo porque a uno, utilizando el mismo sistema por el que resultaron electos, no lo reeligieron. Nuestros Constituyentes, al poner en manos de la Asamblea Legislativa la decisión de elegir y la decisión de no reelegir a los magistrados, tomaron la determinación de que el debate fuera 100% político.

No esperen discusiones, argumentos o conclusiones jurídicas en un foro donde todo es político. Podremos estar de acuerdo o en desacuerdo con las razones políticas. Nos parecerán más o menos inteligente los argumentos que dan los diputados, pero hay que entender que son políticos y no jurídicos. Luego será la ciudadanía la que decida si los diputados actuaron bien o mal.

No llevan razón el Magistrado Román Solís, o la Magistrada Ana Virginia Calzada al decirle a la Asamblea Legislativa cuáles son las razones por las que se puede quitar a un magistrado y cuáles no. Eso no está escrito en la Constitución y es prerrogativa de los diputados, según su buen entender, determinar qué constituye causa para que un alto juez siga o no en su cargo. Acotarle a un diputado los motivos por los que debe votar de una u otra forma, desde el cargo de magistrado, es absolutamente reprochable.

La quiebra de la institucionalidad del país no viene de quien sigue la ley, ni los procedimientos derivados de la Constitución. La ruptura de la institucionalidad, viene más bien de quienes pretenden alzarse contra el sistema establecido, del que se han visto directamente beneficiados, solo porque ahora, que opera en contra, no les gusta.

Ya es suficiente semejante hipocresía en el poder judicial. A los magistrados los eligen políticos, con criterios políticos, con mayoría calificada. A los magistrados los quitan políticos, con criterios políticos, con mayoría calificada.  

Respeten la Constitución que juraron defender, que tiene las reglas claras. Promuevan, si así lo quieren, reformas a nuestra Carta Fundamental para que el sistema sea distinto, pero todo dentro del marco de la ley, no con llamados absurdos e irresponsables de protestas en las calles.

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