¿Por qué NO reeligieron al magistrado Fernando Cruz?

Por: Daniel Calvo Sánchez y Federico Ruiz Wilson. / Politólogos.

Lo primero que todos se preguntan es: ¿qué le cobran los diputados a Fernando Cruz?Nada, a él no se le cobra nada, es a TODOS LOS MAGISTRADOS QUIENES COMPONEN LA SALA IV, no personalicemos el asunto, si fuera así, recordemos que el magistrado Armijo prácticamente en todas las resoluciones famosas ha votado de la misma manera que Cruz y fue reelecto en 2010 sin ningún problema.

¿Qué le cobran algunos diputados a la Sala IV? Como bien lo ha dicho el diputado Fabio Molina, la extralimitación de sus funciones y su intromisión en las decisiones del Poder Legislativo, prueba de ello es que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma al tratamiento de la jurisdicción constitucional que tiene entre sus principales objetivos delimitar sus funciones.

Los diputados le reprochan a los magistrados de Sala IV su defensa de un excesivo formalismo parlamentario, que con muchos de sus votos han convertido el procedimiento legislativo en una receta de cocina rígida, impidiendo que la amplia mayoría pueda ejercer efectivamente su poder, lo que pone en peligro –según su criterio – la estabilidad política y la gobernabilidad del país.

¿Cuál fue la gota que derramo el vaso? Sin duda alguna el 208 bis, sobre todo por la coyuntura en la que se tiene que decidir la reelección o no de Fernando Cruz, justo después del fracaso del plan fiscal.

Fue principalmente la coyuntura la que castigo a Cruz, el “corte de su cabeza” es un mensaje claro de los diputados que votaron en contra de su reelección al resto de magistrados de la Sala IV, a quienes más de un diputado también les gustaría quitar, pero por el momento no han tenido oportunidad como sí tuvieron ahora con Cruz.

Pero entonces ¿cómo explicar el voto de los representantes de otros partidos políticos quienes estuvieron en contra del Plan Fiscal? En el caso de la fracción del ML y algunos diputados del PUSC, recordar el nuevo pacto denominado “CalderOttismo”, creo que aunque agradecidos con Cruz y todos los Magistrados que votaron en contra del 208bis en el caso del Plan Fiscal, están conscientes que pudieran necesitar en algún momento esta herramienta para tramitar proyectos de su interés.

Los constituyentes, en la Carta Magna en 1949 definieron que la decisión de nombrar magistrados del Poder Judicial corresponde a la Asamblea Legislativa. De esta forma, determinaron que la elección recaería, no solo del cuerpo que tiene la máxima representación popular, sino en la más política de todas las instituciones. La decisión para elegir a un magistrado no es técnica, es política.

Siguiendo lo establecido en la Constitución Política, la Asamblea Legislativa mediante un procedimiento institucional y legalmente correcto, tomó una decisión política y eso ni atenta contra la división de poderes, ni puede ser considerado dictatorial con una mayoría calificada, ni se está sacando a un magistrado independiente (que lo es en tanto esté de acuerdo con nuestros criterios).

Reiteramos, la decisión de los diputados es política y como tal, debe ser luego evaluada por la ciudadanía en las urnas. Si la mayoría de la población considera desacertada, o especialmente grave, la no reelección del señor Cruz, entonces que exprese esa insatisfacción castigando a los partidos políticos responsables y dándole los votos a otros. Así funciona una democracia.

Si lo que se quiere es quitar la elección y remoción de magistrados por parte del Congreso, pues también existen los mecanismos para cambiar la Constitución Política. A lo mejor se quisiera tener el sistema de EEUU donde el  PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE TURNO PROPONE A JURISTAS CERCANOS A SU IDEOLOGÍA, los pasa por el filtro del senado y una vez confirmados, quedan de por vida en el puesto. Si lo que existe no le gusta a la mayoría, entonces conviene que se expongan las alternativas y lo que eso implica. Sin embargo, ya es hora de que la gente deje de decir cosas absurdas solo porque no les gusta una decisión.

La hipocresía del Poder Judicial

Federico Ruiz W.

Politólogo

Todos y cada uno de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron elegidos por la Asamblea Legislativa. Algunos con 29 votos, otros con 38 (según la norma vigente en ese momento), algunos con comisión de nombramiento, otros sin comisión de nombramiento.

Muchos (los más nuevos especialmente), hicieron lobby, campaña política para ser elegidos. Véase el caso de la Magistrada doña Doris Arias de la Sala Tercera, quien al momento de su elección dijo que le había pedido directamente el voto a por lo menos 20 diputados. Como ella, muchos han hecho su campaña para tener el favor político de los diputados*.

Para ser elegidos sí corren a buscar a los diputados, pero cuando les llega la hora de mantenerse en el puesto se consideran que están por encima del bien y del mal, que no hace falta hacer mayor cosa pues son inamovibles, que no tienen una responsabilidad política (sí, política) por sus decisiones.

Basta revisar las actas de la Asamblea Constituyente para darse cuenta que el tema de la inamovilidad de los magistrados fue discutida y rechazada. Lo que se estableció fue un régimen de estabilidad, y justo por ello se requiere una mayoría tan difícil de conseguir (la misma que para hacer cambios a la letra de la Constitución).

Si lo que se quiere es cambiar el sistema de elección, que ya no sea una decisión política de la Asamblea Legislativa, sino por otro medio, entonces se cambia las reglas del juego. Si lo que se quiere es que los magistrados sean vitalicios (con lo buenos, malos o mediocres que pudieran resultar), pues se cambian las reglas del juego. Si lo que se quiere es convertir al Poder Judicial es un supra poder que no esté sujeto a ningún tipo de control, pues se cambian las reglas del juego. Pero que se cambien después de una discusión seria, alejada de las pasiones.

Lo que no se vale, es hacer la de los chiquitos que agarran la bola y se la llevan para la casa. Lo que no se vale, es poner en entredicho el sistema que los eligió, solo porque a uno, utilizando el mismo sistema por el que resultaron electos, no lo reeligieron. Nuestros Constituyentes, al poner en manos de la Asamblea Legislativa la decisión de elegir y la decisión de no reelegir a los magistrados, tomaron la determinación de que el debate fuera 100% político.

No esperen discusiones, argumentos o conclusiones jurídicas en un foro donde todo es político. Podremos estar de acuerdo o en desacuerdo con las razones políticas. Nos parecerán más o menos inteligente los argumentos que dan los diputados, pero hay que entender que son políticos y no jurídicos. Luego será la ciudadanía la que decida si los diputados actuaron bien o mal.

No llevan razón el Magistrado Román Solís, o la Magistrada Ana Virginia Calzada al decirle a la Asamblea Legislativa cuáles son las razones por las que se puede quitar a un magistrado y cuáles no. Eso no está escrito en la Constitución y es prerrogativa de los diputados, según su buen entender, determinar qué constituye causa para que un alto juez siga o no en su cargo. Acotarle a un diputado los motivos por los que debe votar de una u otra forma, desde el cargo de magistrado, es absolutamente reprochable.

La quiebra de la institucionalidad del país no viene de quien sigue la ley, ni los procedimientos derivados de la Constitución. La ruptura de la institucionalidad, viene más bien de quienes pretenden alzarse contra el sistema establecido, del que se han visto directamente beneficiados, solo porque ahora, que opera en contra, no les gusta.

Ya es suficiente semejante hipocresía en el poder judicial. A los magistrados los eligen políticos, con criterios políticos, con mayoría calificada. A los magistrados los quitan políticos, con criterios políticos, con mayoría calificada.  

Respeten la Constitución que juraron defender, que tiene las reglas claras. Promuevan, si así lo quieren, reformas a nuestra Carta Fundamental para que el sistema sea distinto, pero todo dentro del marco de la ley, no con llamados absurdos e irresponsables de protestas en las calles.

* http://www.nacion.com/2010-11-12/Sucesos/NotaPrincipal/Sucesos2587263.aspx

Objetivo cumplido señor Berrocal

Federico Ruiz

Expresidente del Foro Juventud Fuerza Verde - PLN

fritzium@gmail.com

Sin lugar a dudas, Fernando Berrocal ha tenido claro el objetivo al contratar al genio de la publicidad que menos éxitos electorales ha tenido en la historia política del país: que hablen de su candidatura y de su “campaña”. Misión cumplida y cincos bien gastados, todos hablamos de los anuncios y el infausto lema “¿te vas a seguir dejando?”.

Para ello, ha sido suficiente banalizar el abuso sexual y dejar entrever que las intenciones electorales de un compañero de partido son violentar al país, tal como se ultraja a una persona.

No le importó al precandidato brincarse todas las normas éticas previstas en el Estatuto del PLN, como el artículo 13 que dice en su párrafo segundo: “El ser miembro del Partido, implica un compromiso personal y moral indisoluble, que se debe reflejar en todas sus actuaciones, especialmente en aquellas que tienen relación con la actividad política…”

Tampoco parece que revisara el numeral 16: “Es prohibido a los liberacionistas hacer comentarios que vayan contra el buen nombre y prestigio de los compañeros o del propio Partido. Como regla de conducta se establece la obligación para todos sus miembros, de fortalecer la unión interna de la organización partidaria y de ventilar los desacuerdos y confrontaciones mediante el diálogo entre las partes involucradas, para lo cual podrá acudirse a los Órganos formales del Partido.”

Por supuesto que su campaña no acata lo dicho en el artículo 17: “Constituyen deberes y derechos de los miembros: (…) f) Propiciar el compañerismo, la solidaridad y la unión de miembros del Partido”.

Ni siquiera un sonrojo por violentar lo establecido en el 113 o 116 con respecto al deber de las tendencias de acatar las normas de respeto y convivencia de compañeros del partido en contiendas electorales (aunque claro, se dirá que como la tendencia no está formalmente inscrita, todo está bien).

Se ha denigrado una campaña electoral que aún no arranca formalmente, se ha perjudicado al Partido Liberación Nacional, se ha agredido a un honorable compañero como Rodrigo Arias y no sabemos si vienen ataques contra otros. En síntesis, se le ha hecho un grave daño a la democracia interna del partido, todo por satisfacer el deseo de hablar del señor Berrocal.

Esa campaña es impresentable e indigna del partido más grande de Costa Rica. Las y los ciudadanos esperan muchísimo más que eso de los líderes liberacionistas. No debe ser tolerada, no debe ser aceptada y debe ser denunciada. Simplemente algo tan vulgar no tiene cabida en Liberación Nacional y confío que el Tribunal de Ética actuará de oficio examinando este asunto, como lo manda en artículo 123 del Estatuto.

No se diga que esta campaña no sirve para nada, pues por lo menos sirve de mal ejemplo. Es una demostración de cómo se desperdician tiempo y recursos, que habrían sido mejor invertidos en conocer el pensamiento de un precandidato y no el interés de destruir al adversario, quien además es correligionario.

Confío, sin embargo, que el resto de precandidatos y líderes del partido sabrán mantenerse por encima de estas bajezas, permitiéndonos debates de altura, de confrontación de propuestas y de sana crítica. Eso es lo que necesita Liberación Nacional y es lo que le urge a Costa Rica.

Costarricenses de tercera categoría

Federico Ruiz W.

Politólogo

fritzium@gmail.com

De acuerdo a estimaciones del Banco Central de Costa Rica, según fuera reseñado por el Subdirector General de Migración y Extranjería hace algunos meses, la población costarricense que está actualmente radicada en el exterior ronda la cifra de 250.000 ciudadanos. Esto representa aproximadamente el 6% de nuestros compatriotas y no debe ser considerada una cifra menor.

Desperdigados por el mundo, algunos han abandonado nuestro país de forma temporal (como quienes salen a estudiar), o de una forma mucho más permanente (quienes salen a buscar un trabajo porque no encuentran oportunidades aquí). La inmensa mayoría, sin embargo, buscan mantener algún tipo de arraigo con su patria (lo se por experiencia propia).

Lo anterior se facilita con el acceso a Internet que permite llevar el pulso de lo que pasa en Costa Rica, ya sea a través de las prensa escrita, los programas radiales, las decenas de blogs, plataformas como Facebook, Twitter, o con el cara a cara que permite Skype. Puede incluso decirse que muchos costarricenses en el exterior están más informados de lo que pasa en el país, que los ciudadanos que no han salido de su tierra.

Sin embargo, no debemos olvidar la canción de León Gieco cuando dice: "desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente". Es por tanto un deber moral y cívico que el Estado costarricense haga todo lo posible por mantener y fortalecer el vínculo con sus ciudadanos que están lejos de nuestras fronteras, procurando, en la medida de lo posible, su retorno y el recuento de sus familias. Mientras eso sucede, el costarricense de afuera debe ser tomado en cuenta con exactamente los mismos derechos, como si estuviera adentro.

Por lo anterior, me resulta altamente preocupante y doloroso, cuando, sin la menor reflexión, nuestro Estado ha creado tres categorías de costarricenses, y con gran engaño se vanagloria porque "finalmente los ciudadanos podrán votar en el exterior a partir de 2014". Eso es, antes que todo, una colosal cancamusa, una estafa, un timo. Reseñemos las clases de compatriotas:

La máxima categoría de ciudadano es quien tiene la dicha de vivir en Costa Rica, con todos los derechos. En febrero de 2014 podrá ir a las urnas y votar en todas las papeletas e incidir en la conformación de la Asamblea Legislativa. En el 2016 podrán votar en elecciones municipales por quienes están llamados a resolver los problemas de su cantón. En esta categoría de ciudadanos hay que incluir a la población privada de libertad, quien desde la cárcel podrá votar gracias a los ingentes esfuerzos del Tribunal Supremo de Elecciones por inscribirlos.

El ciudadano “clase B”, es aquel que por suerte vive cerca de una embajada o consulado. Esta persona se inscribe como votante y tiene exclusivamente el derecho de votar en las elecciones presidenciales, o si llegase a suceder, en algún referéndum. No tienen la posibilidad de votar por diputados (a pesar de que estos aprueban leyes, que aun estando en el exterior les impactan directamente), y sin duda no pueden votar por sus representantes locales (a pesar de que sus familias se ven afectadas por quienes resulten electos en los concejos y alcaldías).

Los ciudadanos de tercera categoría son, como habrá adivinado el lector, aquellos que no viven en la cercanía de una embajada o un consulado. Son como aquel estudiante de la Universidad de Kansas, quien debe hacer todo trámite ante el consulado costarricense en Houston (según la jurisdicción), a una distancia de 1021 kilómetros en línea recta. Por no hablar de la costarricense que habita en un país donde ni hay embajada, ni consulado. Estos ciudadanos verán por los medios digitales la elección, pero no participarán de ella, ni siquiera en la presidencial.

Véase además lo lamentable de los números de registro de votantes. Según se anunció recientemente con bombos y platillos, al día de hoy hay un poquito más de 4000 costarricenses inscritos para votar. Eso representa el 0.09% del total de la población y únicamente el 1.6% de quienes están fuera de Costa Rica. ¿Cómo es que eso no nos indigna, nos avergüenza y nos motiva a cambiar ese sistema que excluye a compatriotas de la vida nacional?

Sobre lo anterior debe decirse, con toda contundencia, que no existe excusa alguna para impedir que quienes habiten fuera del país voten por sus diputados. El artículo 106 de nuestra Constitución Política es clara en señalar que el carácter del diputado es por la nación, lo que quiere decir que nos representan a todas y todos los ciudadanos. La naturaleza de la representación popular no debe confundirse con la forma en que se eligen (a través de las provincias).

Pero, en caso de que alguien quiera posicionar la forma de elección por encima de la naturaleza del diputado, al decir que “no se puede permitir que quien viva en el extranjero vote por los parlamentarios porque estos se eligen por provincias” (como lamentablemente se desprende de las tristes comparecencias de los asesores del TSE a la Asamblea Legislativa), se estaría poniendo “la carreta delante de los bueyes”.

Es exactamente lo mismo que impedir la emisión del voto presidencial, mediante la utilización de tantas otras formas, probadas con éxito en muchos países del mundo, como el que se hace por correo postal, o el voto electrónico.

Si se va a recurrir a ese es burdo pretexto del “no se puede porque la ley lo impide”, la solución es simple: modifíquese la forma, para que garanticemos el fondo del asunto: que exista verdaderamente la universalización del sufragio. Cámbiense las leyes que sean necesarias, incluida la propia Constitución, si es del caso. 

Publicado en La Fragua: 6-agosto-2010

http://lafraguacr.org/2012/08/06/costarricenses-de-tercera-categoria-federico-ruiz-w-politologo/

Triunfó el terror

Federico Ruiz W.
Politólogo

La secuencia de eventos resultó providencial para ejemplificar el grave problema de toma de decisiones que tenemos. El lunes 9 de enero, en el programa radial "Nuestra Voz" de la ilustre periodista Amelia Rueda, la Directora Ejecutiva del Consejo para la Promoción de la Competitividad doña Clotilde Fonseca, expuso con toda claridad que los funcionarios públicos tiene un pánico absoluto para la toma de decisiones, pues la condena por un eventual fracaso (o por el disgusto de la medida) es fulminante. Las acusaciones de corrupción, faltas a la ética, "chorizo", ineptitud, solicitudes inmediatas de renuncia, demandas de encarcelamiento, son típicas de escuchar.

Las consecuencias para el funcionario (con eventuales persecusiones de tipo penal), por el solo hecho de asumir el riesgo de gobernar son tan altas, que lo mejor es evitar tomar decisiones y simplemente quedarse administrando lo que ya existe.

Justo un día después, se conoce una decisión adoptada en noviembre pasado por la Junta Administradora del Estadio Nacional, acuerpada por el señor Ministro de Deportes don William Todd, que consiste en reservar más de dos mil entradas de cualquier evento que se realice en dicho estadio, para ser otorgadas a personas que por sus condiciones económicas en situaciones normales no podría asistir a eventos deportivos o culturales. Las entradas las administran entidades como el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) o el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y se rotarán por provincias.

Esa es una típica política de gobierno, que podrá ser debatida, compartida o no, pero que es legítima, es válida, y además es absolutamente ética. Es además una medida que particularmente me gusta, pues la considero progresista, que busca incrementar el acceso de quienes menos tienen a espectáculos que mejoran su dignidad como seres humanos y ayuda a que se realicen más como personas. Sin embargo entiendo perfectamente a aquellos que, con un pensamiento conservador e individualista extremo, puedan estar en contra.

A pesar de ser una decisión válida, la condena fue inmediata. En las redes sociales se pidió la renuncia del señor Todd, porque se parte de la premisa que algo corrupto existe detrás de todo. Justamente doña Amelia (en su absoluto derecho de crítica y presión), determinó que la medida es un error y que está segura que esas entradas llegarán a los "pegabanderas", familiares y todas aquellas personas a las que no están originalmente destinadas. Cuando conversó con el Ministro le solicitó que este "problema" se resolviera de alguna forma, por mejores intenciones que tuviera el jerarca.

Lo lamentable es que el señor Ministro flaqueara ante el terror que implanta la opinión pública. Señaló que si la medida no gusta (porque así lo expresaron algunas persoans) se va a quitar. Queda entonces expuesto a cabalidad lo dicho por doña Clotilde: el funcionario es hoy una persona acusada de poco ética porque tomó una decisión que a algunos no les gustó. Le hubiera ido mejor si no tiene ideas y simplemente se dedica a administrar un inmueble.

La política adoptada no será perfecta (nunca lo son). Esperarse hasta ahora para comunicarla no habrá sido la mejor decisión. Pero hasta que no entendamos que gobernar incluye cometer errores, que tener ideas distintas no hace de la otra persona un corrupto y que no siempre hay intenciones secretas, vamos a seguir con un régimen del terror, donde la inacción será la regla.