Los peligros del voto preferente.

Daniel Calvo Sánchez. / Politólogo. /
Federico Ruiz Wilson. / Politólogo. /

En los últimos días, a partir de una serie de cuestionamientos realizados a diversas figuras y fuerzas políticas de nuestro país, diversos analistas, columnistas y medios de comunicación, han manifestado la necesidad de incluir el llamado voto preferente en nuestra legislación electoral.

El voto preferente consiste en permitir que el elector cambie el orden de los candidatos a diputados en las listas que presentan los partidos, provocando que sea la suma de dichas preferencias la que determine el orden final para la adjudicación de escaños. Sus defensores señalan que es más democrático y que garantiza mejores diputados. Ambos argumentos son muy discutibles y no toman en cuenta los enormes peligros que los efectos de esta forma de votar tienen para el sistema político. En términos más coloquiales: el remedio resulta peor que la enfermedad.

En primer lugar, provoca una desarticulación de los partidos políticos, pues a la lucha entre agrupaciones, debe agregarse una batalla a lo interno de cada una de ellas por alcanzar el primer lugar de la lista. Esto sin duda genera desgastes, fricciones entre compañeros y una gran independencia del candidato frente a su agrupación. Estaríamos frente a un verdadero “canibalismo político”, en palabras del Presidente del TSE, don Luis Antonio Sobrado. Al final el diputado considera que ganó a pesar de su partido y por lo tanto no le debe lealtad alguna, lo que conlleva una considerable pérdida de cohesión partidaria.

Esto sin duda tiene un grave impacto sobre el trabajo legislativo diario y especialmente sobre la gobernabilidad. Los gobiernos de turno ya no negociarán con bancadas, sino con un sinnúmero de personalidades independientes, quienes no tendrán temor de separarse de la disciplina partidaria (especialmente necesaria en la fracción de gobierno). El funcionamiento esclerótico de la Asamblea Legislativa se multiplicaría, haciendo prácticamente imposible llegar a acuerdos y tomar decisiones políticas.

El otro gran problema es el encarecimiento de las campañas y el control de las fuentes de financiamiento de cada candidato. Al establecer el voto preferente, ya no son los partidos los que piden el voto, sino es cada candidato a diputado quien solicita el apoyo para alterar la lista, situación que implica necesariamente que cada aspirante debe generar su propia organización, su propia campaña mediática, en fin, su propia maquinaria electoral.

Cada candidato deberá buscar sus propias fuentes de financiamiento para poder competir contra compañeros de partido y aspirantes de otras agrupaciones. ¿De dónde vendrá dicho financiamiento? Una posibilidad es que el Estado garantice a toda persona inscrita en una papeleta recursos económicos, pero la logística de eso sería demencial, el dinero muy poco, y el costarricense estaría opuesto a aumentar la contribución estatal a las campañas.

Lo anterior implica entonces que el candidato debe buscar recursos privados, con el riesgo de poder ser “comprado” por lo que los estadounidenses llaman los “intereses especiales”, o bien tener financiamiento propio para poder realizar grandes gastos, hecho que nos obligaría a que solo los ricos puedan participar.

Nótese además, que en las pasadas elecciones, solo en la provincia de San José se inscribieron 11 partidos, con papeletas con 20 candidatos cada una. Estamos hablando que únicamente en esta circunscripción electoral, se presentaron 220 candidatos. ¿Cómo se controlan las finanzas de 220 aspirantes a diputados, todos con sus campañas buscando el primer lugar de la lista? ¿Tiene la capacidad el TSE de poder controlar los ingresos monetarios de centenares de candidatos?

La desarticulación de los partidos, el aumento de la ingobernabilidad, los altísimos costos de las campañas y la dificultad para el control del financiamiento, deberían ser razones más que suficientes para enterrar definitivamente el voto preferente. El riesgo de un aumento en la corrupción con la compra de conciencias, o convertir a Costa Rica en una verdadera plutocracia es enorme y debe evitarse.

El legislador debe retomar las preguntas básicas

Federico Ruiz W.
Politólogo

Cuando el sistema político empieza a dar problemas, y cada vez cuesta más que resuelva los problemas de la población, hay que arreglarlo o cambiarlo. No es nada novedoso decir que nuestro Estado enfrenta serios despefectos en todos sus niveles, y que uno de los principales escollos proviene del poder legislativo.

Sin embargo, frente a una desesperación creciente de la población y alguna parte de la clase política (por demás justificada), se llega a proponer soluciones verdaderamente desatinadas, que vendrían no solo a impedir que un problema se resuelva, sino más a bien a agrandarlo. Un claro ejemplo de esto es la tesis sostenida por algunos, de que la calidad del parlamentario depende de la forma en que un diputado fue elegido y, por tanto, es cambiando el sistema de elección como se va a arreglar, por arte de magia, la Asamblea Legislativa. Nada más lejano de la realidad, puesto que un buen o mal diputado, sale de forma independiente al mecanismo por el que obtiene el escaño.

Otra idea que se maneja es la de "revocar el mandato" al diputado que no cumple con papel. Esto tampoco resuelve el problema de fondo, siendo que más bien -dado el caos político en el que vivimos-, entraríamos a un sistema de campañas interminables, donde el revanchismo político sería la moda. Todos estarían buscando revocar el mandato del opositor y nadie estaría interesado en legislar o buscar acuerdos. Por no mencionar el costo económico de una medida de estas, o de lo injusto que es implantar la remoción como castigo, pero no premiar la excelencia con la posibilidad de reelección sucesiva.

Así se podría seguir mencionado una impresionante gama de ocurrencias (algunas más afortunadas que otras), pero son pocas las ideas que van verdaderamente al fondo del asunto. El problema, es que la ideas que saltan a la palestra están cargadas de buenas intenciones, pero no parten de las ideas fundamentales que conforman el sistema democrático (en el caso particular el poder legislativo).

Si quieren verdaderamente entrar al problema del funcionamiento de la Asamblea, deben todos los señores y señoras diputadas, junto con sus asesores y grupos parlamentarios, partir de las preguntas más básicas: ¿Cuál es la razón de ser del parlamento? ¿Cuál es el papel de un diputado? ¿Cuál es el papel de las fracciones políticas?...

Pensarán algunos que retomar esas interrogantes es perder el tiempo. ¿Lo será? En el último año se ha escuchado que ahora el parlamento está más para el "control político" que para legislar. Se ha hablado de que el papel del diputado es más vigilar al gobierno, que legislar. Se dice que es más importante proteger el derecho a hablar por horas o presentar mil mociones, que llevar un proyecto a votación. Las fracciones carecen de sentido o utilidad, porque los miembros de las mismas hacen lo que les da la gana y si llegan a "independizarse", son tratados exactamente igual que el más grande de los grupos parlamentarios (¿por qué no se hacen 57 fracciones?).

A lo mejor, esa remozada función del congreso sea la apropiada (me niego a aceptarlo), pero lamentablemente no hay discusión al respecto. Simplemente se da como cierta y nadie levanta la voz para oponerse. Las cosas se van sucediendo en una cadena, una tras otra, sin reflexión, consolidando prácticas que van carcomiendo el sistema político.

La oposición ha sido hacia el sistema democrático, más que al gobierno. El oficialismo parece que es únicamente reactivo. Quienes proponen soluciones, no entran al fondo, sino que nos recetan una noble ráfaga de disparates. Cada vez se piensa menos en la razón de ser de las cosas, en lo básico, y sin duda casi nadie analiza las consencuencias del desastre que nos pueden heredar, cuando plantean como receta, tomar un caldo de pollo para curar una quebradura de cadera.

Esquizofrenia legislativa

Federico Ruiz W.
Politólogo


Es una vergüenza nacional que la Asamblea Legislativa tenga casi año y medio sin elegir un Magistrado para la Sala Constitucional. Que no se escuchen protestas diarias por todos los sectores del país, ante semejante barbaridad, da muestras claras que el tema no les resulta propio, con todo y que esa es la institución que les responde los recursos para la protección de sus derechos fundamentales.


La responsabilidad, sin embargo, recae exclusivamente en el parlamento, el cual haciendo gala, una vez más, de sus inoperantes procedimientos, no logra ponerse de acuerdo para tomar una decisión. En este caso en particular, me parece que la raíz del problema está en la posición cuasi-esquizoide de los distintos grupos parlamentarios al tratar de disimular una evidente decisión político-ideológica, en ciertos supuestos de imparcialidad política.


Hay dos cosas que deben quedar clarísimas:


1. La Asamblea Legislativa es el órgano más político de todos y sus decisiones son ante todo políticas.

2. La escogencia de un Magistrado es una decisión política más, donde influyen factores tremendamente ideológicos, que no pueden y no deben ser negados.


Sin embargo, desde que se inventó esa nefasta "Comisión de Nombramientos" y los supuestos procedimientos técnicos para calificar candidatos a diversos puestos, la Asamblea intenta por arte de magia, abstraerse de tomar una decisión política y más aún, renegar de los intereses ideológicos que en dicha decisión subsisten.


Los partidos tienen pánico de anunciar cuál es su candidato, pues eso inmediatamente lo "quemaría" frente a los otros grupos parlamentarios, quienes a su vez gritarán en un nuevo acto de surrealismo: "¡están politizando estos nombramientos!".


Por su parte, algunos de los valientes candidatos que se someten al escrutinio de dicha comisión, temen asumir posiciones públicamente sobre su forma de ver el mundo, para no "perder puntos" con algunas bancadas, quedando como candidatos sosos, que no aportan algo sustantivo sobre la forma en la que creen que deberían conducirse las decisiones jurídicas del país. Para ganar votos, más vale ser ralito en las posiciones, quedarse en generalidades lo más amplias posibles...


Eso por supuesto es lo que gusta a los diputados que defienden este sistema de la "no politización", de la decisión política.


Ya quisiera ver una fracción que se amarre los pantalones y diga con toda claridad: "vamos a ir a buscar a esta persona, porque tiene estas cualidades y porque defiende estas posiciones, que creemos son las mejores para el tipo de Estado que queremos".


Eso es lo que hacen los países desarrollados. Véase por ejemplo España o los Estados Unidos donde todo mundo sabe cuáles magistrados son conservadores y cuáles son liberales (o progresistas). Ahí nadie está engañado, todos saben las posiciones de los jueces y, especialmente los congresistas, no elaboran mecanismos exóticos para disimular, o disfrazar lo que debería ser una elección transparente en cuanto al fondo.


No quisiera abundar en más argumentos, pues para eso dejo este artículo de don Francisco Antonio Pacheco que tiene más de 10 años de escrito y que si lo publicaran hoy otra vez, tendría el mismo valor. En una década no hemos aprendido, que estos experimentos de auto-engaño, no sirven.


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http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/marzo/05/opinion3.html


Por quien valga la pena


• El país de la discontinuidad elige magistrado


Francisco Antonio Pacheco

La falta de memoria colectiva que se vive en el país se plasma en la aversión a toda forma de continuidad política. La gente se opone a la reelección de los diputados, los diputados se oponen a la reelección presidencial, y a algunos les disgusta la reelección de las magistradas independientes, pues actúan al margen de las fuerzas políticas que ellos representan. En fin, nos encanta que la creación ex nihilo se produzca cada cuatro años y, si se puede, pues antes. Pero, esto, claro está, tiene su precio.


Pensaba en estas cosas, a raíz de la noticia de que la Asamblea Legislativa decidió encargarle a una comisión el escogimiento de los candidatos a magistrado. De nada vale que don Alberto Cañas haya explicado por años, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, los peligros gravísimos que comporta la puesta en marcha de esa idea; de nada valen los artículos que se han escrito sobre el tema; la experiencia nacional, los discursos, las discusiones, en fin... va de nuevo.


Caro desatino. Es una pena –el país lo paga caro– que no haya un sistema bien concebido de reelección de diputados. Si en esta Asamblea Legislativa estuvieran aún (para desgracia suya) algunos diputados del período anterior, no se hubiera dado ese desatino de introducir una comisión para filtrar los candidatos a magistrado. Muy posiblemente se habría aplicado, otra vez, el sistema que se empleó para elegir al magistrado Van Der Laat; es decir, el más digno de todos los posibles: ir a buscarlo a la casa, porque tenía gran capacidad para desempeñar el cargo, y convencerlo de que aceptara la magistratura. Este caso, por cierto, prácticamente nunca se menciona, a pesar de haber sido el último y de constituir un ejemplo claro de lo que puede y debe hacerse.


Yo no sé hasta cuándo vamos a seguir viviendo de ficciones y de subterfugios, pero a quienes tuvimos la experiencia de vivir en el pasado elecciones de magistrados, y de defensor de los habitantes, no se nos puede seducir con esas ficciones de comités encargados de filtrar candidatos y que permiten ocultar –y en algunos casos burlar– la responsabilidad clara y directa de las fracciones parlamentarias y de los partidos.


Proceso vano. Puede ser que la gente lo ignore, pero la licenciada Sandra Piszk estaba elegida como defensora, antes, durante y después de las entrevistas a los candidatos al puesto; más aún, cuando ni siquiera se habían inscrito como tales. Ella era casi la única persona bien informada que tenía dudas del resultado. Y, por cierto, fue una magnífica elección, como lo han probado los hechos, efectuada sin la participación efectiva de una comisión, que no tuvo otro efecto que salvaguardar las formas. Pero, reconozcámoslo, todo el proceso fue vano. Corre la versión de que ya se sabe, y desde hace bastante tiempo, quién la sustituirá. En todo caso, le importará más a los miembros de la comisión lo que opinen otras fuerzas políticas, que a las fuerzas políticas, lo que opine la comisión.


La participación de la Comisión de Nombramientos en la elección de magistrados solo puede tener efectos negativos. En primer lugar, está por probarse que el sistema vigente hasta ahora, directo, sin instancias intermedias, resulte perjudicial. Tenemos excelentes magistrados independientes de las fuerzas políticas –como la magistrada Calzada–, y son producto de este sistema. En segundo lugar, nada permite pensar que el escrutinio previo que realizará la Comisión de Nombramientos elimine la posibilidad de que surja la politización, en el peor sentido del término. ¿No resulta más fácil efectuar manejos en un grupito que dentro del ámbito general de las fracciones o del Plemario? Esto, sin señalar, de paso, que no toda politización es inconveniente. No lo es aquella que ocurre con toda claridad y se liga a razones ideológicas y no al deseo de manejar a la gente.


Pero hay más problemas que señalar. En tercer lugar, el nuevo procedimiento impide que se busquen candidatos a magistrado fuera de la nómina de quienes presenten su nombre. ¿Y qué haríamos si todos los que presentan su nombre son malos? En cuarto lugar, ya no será posible ir a buscar a alguien de primera, para ofrecerle una candidatura respaldada por un número importante de diputados –ojalá mayoritario– y convencerlo de que acepte el cargo. Y, finalmente, nada impide que, en el futuro, el elegido esté escogido antes de iniciarse el proceso y que las discusiones y la opinión de las fracciones y del Plenario se escamoteen, gracias a la maniobra hábil de algún político nefasto.


Ordalía inconducente. El sistema que comenzará a funcionar ahora es excluyente. Quien más vale es quien más tiene que perder al someterse a esa especie de ordalía insulsa e inconducente a que somete la Asamblea a los candidatos a ciertos cargos. Es muy difícil que los mejores accedan a pasar por ella. Al contrario, un buen número de ellos, tal vez todos, se abstendrán de acercarse siquiera a la Asamblea Legislativa.


Quedan algunas preguntas por contestar: ¿Qué fundamento constitucional tiene la nueva aplicación de este procedimiento? ¿Qué pasa si el Plenario se aparta de la recomendación de la Comisión de Nombramientos? ¿Pierden los diputados la iniciativa de proponer candidatos diferentes y de votar por ellos? En un gesto excesivo de mi parte, me atrevo a pedirles a los diputados que asuman su responsabilidad plena y directa en estos asuntos y que no la deleguen en ningún grupo, por selecto que sea hoy. Voten por quien valga la pena. Porque mañana...

Correcta elección del 1 de mayo

Federico Ruiz W.
Politólogo

Lo sucedido el 1 de mayo en la Asamblea Legislativa solo puede describirse como un monumental "berrinche". Una crisis provocada sin ningún sentido y sin ninguna necesidad. Algo tan simple como emitir un voto secreto, contarlo y esperar a ver quién obtenía la mayoría, resultó algo demasiado complicado para muchos.

Soy de la opinión que la sesión transcurrió jurídicamente como corresponde. Si dejamos de lado el circo, el escándalo y los insultos, el proceder de la Presidenta en ejercicio del Congreso, la diputada Saborío, fue correcta.

Basta nada más revisar lo que dice el artículo 201 del Reglamento de Orden y Disciplina de la Asamblea Legislativa, para darnos cuenta que este se siguió al pie de la letra:

"Artículo 201. Procedimiento

Toda elección deberá hacerse por papeletas que contengan los nombres y apellidos de los respectivos candidatos, las cuales no serán firmadas por los votantes. La Secretaría, antes de proceder al escrutinio contará el número de papeletas para verificar si éste coincide con el número de votantes. Hecho el escrutinio por el Directorio, la Secretaría anunciará a la Asamblea su resultado, y el Presidente expresará quién o quiénes han sido elegidos. Para que haya elección se necesita la mayoría absoluta de los votos presentes. El voto del diputado que dejare de elegir o que se retirare cuando se estuviere verificando la elección, se sumará en favor de quien hubiere obtenido el mayor número de votos; pero si resultare empate en la votación y si repetida ésta, diere el mismo resultado, entonces la suerte decidirá a qué personas se adjudican los votos de los que se ausentaren o hubieren dejado de elegir."

La elección para Presidente del Directorio inició con el quórum debido. Se llamó a los diputados a retirar las papeltas, escribieran el nombre del diputado de su preferencia y la depositaran en una urna. Este artículo, al señalar que las papeletas no deben ir firmadas por los votantes, indica que la votación es secreta. Ahí queda resuelto el primer misterio sobre si el acto debe ser o no secreto.

Se critica a la diputada Saborío que sumo 30 votos ausentes a los 26 votos que recibió el diputado Luis Gerardo Villanueva. Nuevamente la Presidenta actuó apegada a la ley, pues el artículo 201 señala que si un diputado se retire cuando se estuviere verificando la elección, ese voto se sumará a la mayoría.

Ahora bien, se dice también que al haber salido 30 diputados en medio de la votación, hay una roptura del quórum y por lo tanto la elección no es válida. Discrepo de tal interpretación por lo siguiente:

1. Como lo indica el artículo 40 del Reglamento, las votaciones son un acto ininterrumpido, por lo que una vez que se inicie una votación, por nada del mundo se puede suspender esta. Ni siquiera por un supuesto rompimiento de quórum.

2. ¿Por qué supuesto rompimiento cuando fue evidente? Porque aun si quien preside en ese momento sabe que no hay la cantidad de personas requeridas para sesionar, este debe hacer un acto formal para llamar a los diputados a que ingresen nuevamente al recinto (artículo 34 del Reglamento) y si transcurridos 15 minutos no se reestablece, se pasa lista para verificar quiénes se encuentran en el salón de sesiones.

Sumando la primera razón, con la segunda, es claro que una votación no se puede suspender por nada del mundo, ni siquiera por motivos de quórum, dado que el acto de votar es absolutamente ininterrumpido.

Por tanto, como la votación empezó con el quórum de ley y fue en el transcurso de esta que un número de diputados abandonó el salón de sesiones, y como es imposible suspender la votación para verificar el quórum, este se debe dar por existente. Además, dado que estamos ante el caso de una elección, debe aplicarse la disposición del Reglamento en su artículo 201, el cual señala que los votos de los diputados que se retiren al momento de una votación se sumarán a quien obtenga la mayoría.

Dicho todo lo anterior, la elección del diputado Villanueva como Presidente es legítima y legal según las disposiciones reglamentarias.

Los alegatos de la oposición al decir que don Luis Gerardo resultó electo solo por 26 votos es culpa exclusivamente de la oposición, pues ellos teniendo mayoría (30 votos), se retiraron del salón de sesiones. La pregunta es simple: si tenían efectivamente mayoría de 30 votos, ¿por qué oponerse al voto secreto y retirarse sin votar?

Si tan consolidados están los 30 diputados, la forma de votar es lo que menos debería preocuparles. Pero la realidad es que no confían en su proyecto, ni en ellos mismos. Clara señal de que esa coalición es fracasará con el tiempo, y que es absolutamente inconveniente para el país.

Ahora bien, una cosa es el deber ser de la norma y otra cosa la realidad. La oposición al retirarse, armar escándalos e impedir que la sesión de instalación del Directorio se realizara con normalidad, mete a la Asamblea en una situación no contemplada en ningúna parte. Si además agregamos que el diputado Villanueva renunció a su elección, el panorama se complica más para poder elegir al Directorio para esta legislatura.

El problema en realidad no debería ser tan difícil de solucionar. Los diputados vuelven, votan de forma secreta por quien quieran, se cuentan los votos y fin de la historia. Sin embargo, dos situaciones se mantienen:

En primer lugar la negativa de la oposición de votar en forma secreta. No me explico cómo es moralmente defendible que se coaccione de diversas formas a los diputados para que voten de forma determinada. ¿Cuándo dejó el voto secreto de ser el más democrático de los medios para elegir? El cuento de los lapiceros con tintas distintas, asesores vigilantes atrás y cambio de curules para que un diputado "marque" a quien tiene a la par, no es democrático. Parece ser olvidan que los diputados, más que representar posiciones partidistas, lo son por la nación, tal como lo indica nuestra Constitución. De ahí que no pueden verse sometidos a presiones para forzarles el voto de una u otra forma.

Aquí deben negociar políticamente las partes, para definir el mecanismo de votación. Sin embargo, este debe ser democrático y asegurar que un diputado emita libremente su voto, sin verse sometido a presiones.

La segunda situación refiere a quién preside la sesión, en vista de que aparentemente no hay nadie. Podrán darse muchas interpretaciones, y yo doy la propia.

Luis Gerardo Villanueva fue elegido ayer Presidente de la Asamblea y aunque en principio él renunció a dicha elección, esa renuncia la debe conocer el órgano que lo eligió (o sea el Plenario). Como este no se ha reunido, la renuncia no se ha conocido y por tanto no se debe tener como efectiva. Por lo menos mientras se resuelve la crisis.

Sin embargo, esto es políticamente inviable. La oposición no volverá a sesionar mientras Villanueva esté y tendrá que buscarse otra solución, aunque dudo que haya forma que esto se resuelva en la Asamblea. Habrá que ver las salidas imaginativas que salgan.

La ley 8901

Federico Ruiz W.
Politólogo

Desde el 27 de diciembre del año pasado está vigente la ley número 8901 ("Ley de Porcentaje mínimo de mujeres que deben integrar las Directivas de Asociaciones, Sindicatos y Asociaciones Solidaristas"), que obliga a cualquiera de las organizaciones antes mencionadas, más las asociaciones de desarrollo comunal, a tener en sus respectivas juntas directivas un 50% de cada género y en caso de ser un número impar, que la diferencia no sea mayor a uno.

La intención de la ley es loable pues busca garantizar espacios que algunas veces se ven cerrados a las mujeres. Sin embargo, la cura resulta mucho peor que la enfermedad.

Quienes alguna vez hemos buscado la manera de consolidar un grupo de interés de forma legal, en el marco de la ley de asociaciones, sabemos que constituir una junta directiva no es una tarea fácil. Mucha gente quiere ayudar en una asociación, pero no se comprometen a estar en una junta por el tiempo que consume. De partida estamos ante un problema que no tiene que ver con género, pero al existir una norma que obliga a un número, las trabas aumentan.

Pero también hay que reconocer que existen casos donde los intereses son exclusivos de uno u otro género y no hay nada de diabólico o perverso en ello. Puede que existan temas de solo hombres y temas de solo mujeres. Nada más pongo un ejemplo: ahora, con la nueva ley, es imposible una junta directiva 100% femenina para constituir la "Asociación de sobrevivientes de cáncer uterino". Contrario sensu, sería igual de imposible la junta de la "Asociación de sobrevivientes de cáncer de próstata".

En estos ejemplos, obligar a una participación por género, en temas de mucha sensibilidad me parece moralmente reprochable y probablemente esas asociaciones no lleguen nunca a existir por los mandatos de la nueva ley. Queda entonces limitado el derecho garantizado en la Constitución Política a la libertad de asociación.

Lo cierto es que ya se sufren las consecuencias de la ley, porque hay organizaciones que son más proclives a tener el interés de mujeres o de hombres. La Directora Ejecutivo de DINADECO, Shirley Calvo, anticipándose a este problema, presentó a la Asamblea Legislativa la propuesta de que en caso de no conseguirse la paridad, por inopia, se permitiera una conformación distinta. No le hicieron caso y hoy, obligada a cumplir una ley de la República, 24 Cen-Cinaí quedaron a la deriva sin su cédula jurídica, pues no se consiguen hombres que conformen la directiva.

Quedamos sin el santo y sin la limosna. Ahora no solo no existe una asociación, porque no se consigue un número suficiente de hombres que la integren en sus puestos directivos, sino que además niños que requieren de los servicios que antes se brindaban, hoy están en problemas.

Podríamos seguir planteando ejemplos ficticios o reales, llegando a la misma conclusión: esta ley no solo no arregla el problema de la participación de mujeres en puestos directivos de asociaciones o sindicatos, sino que además atentan directamente con su conformación y veremos como la sociedad civil legalmente organizada, irá en retroceso.

La solución no pasa por lo que dice la Directora de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa, doña Gloria Valerín, para quien "nadie está obligado a lo imposible" y que si la ley no se puede cumplir, entonces es como si en realidad no existiera. La ley es dura, pero es la ley. No es posible cumplir o no la ley según la interpretación de cada quien. ¿Se imaginan la anarquía en la que caería el país?

Esta ley o es derogada por la Asamblea Legislativa (lo que debería pasar), o es declarada inconstitucional por la Sala IV (lo que seguramente pasará). Lo cierto del caso es que, si se quiere resguardar el derecho funtamental de libre asociación, la ley 8901 debe dejar de existir.

¡MUERA LA INTELIGENCIA!

Pasquín de Fritzburgo
Año 1 - Vol 1 - Ed 2

La Universidad es cosa del pasado. El debate de las ideas más contrapuestas o la posibilidad de evolución del conocimiento están sobrevalorados. Por eso el "Estado Puro, Noble y Casto de Fritzburgo", ha decidido ponerse en sintonía con la última moda que impera en un país vecino. Se ha decidido eliminar la palabra "universidad" y ahora se hablará de "Centros de Educación Única Superior" (CEUS).

Siguiendo la máxima del Director del "Nuevo Consejo Antiuniversitario" del país vecino, el señor Cortés, de ahora en adelante la investigación, debate y educación se realizará según "una visión ética de lo que debe ser la producción del conocimiento"*. Claramente, dicha visión ética está definida por el propio señor Cortés y el resto del Consejo Antiuniversitario, para, con base en ella, definir qué se discute, con quién y además quiénes son los llamados a escuchar. Fritzburgo adoptará esa medida y solo utilizará en su educación superior aquello que ha sido previamente acordado en el país vecino.

Sin embargo, es importante retomar la historia de estas nuevas ideas progresistas del país del norte. Ya en julio de 2005, en la misma universidad (sic) del país vecino, se impidió que un profesor catedrático, premio Nóbel, expresidente y además Doctor Honoris Causa de esa misma "casa de estudios", diera una entrevista radiofónica. En esa ocasión, prácticamente no existió una voz dentro del centro que cuestionara esa actuación. ¡Ah maravilla! ¡Llegaban nuevos tiempos!

Poco después, en aquel lugar se discutía un tema de cierta relavancia y un grupo de "estudiantes" que se atrevieron a pensar distinto, haciendo sentir su opinión, fueron perseguidos y amedrentados por atentar contra el fantástico pensamiento único.

Este reportero fue testigo de la última moda en la forma de hacer debates: cuando los del pensamiento único hablan, se guarda silencio y luego se aplaude a más no poder; posteriormente, aquellos blasfemos que piensan distintos, en cuanto abren la boca, son abucheados a punta de silbidos y gritos. No puede contaminarse la "universidad" (sic), con valores que atentan contra la ética de la élite.

El tiempo avanza y no hace mucho se escuchó un grito de alguien que ponía las cosas en orden, frente a una turba de mal-amansados que pretendieron pensar distinto: "¡Ustedes no son nada!" Todo por defender a la gente que de forma realmente valiente cierra las puertas a los que buscan una educación distinta.

La semilla que habían plantado algunos hace años atrás ha dado frutos y no solo con estudiantes. Las autoridades del Consejo Antiuniversitario no se podían quedar atrás y finalmente dieron el toque de gracia.

Cuando un señor bastante polémico, que por pura coincidencia es premio Nóbel, fue invitado a dar una charla sobre sus descubrimientos, a último minuto el Consejo Antiuniversitario movió sus fichas para impedir que tan vulgar evento se diera. Una verdadera pena que al final el Dr. Watson diera su charla y que la decisión del Consejo no prosperara.

Sin embargo, es de reconocer el cambio del líder del Consejo Antiuniversitario, quien en su campaña para llegar al puesto que ahora tiene, se dejó decir que seguía el sueño de una figura tan vieja, superada y equivocada como Rodrigo Facio. Parece ser, que ahora ha encontrado el sendero del bien y más bien señala la pauta sobre "la visión ética" en la "producción del conocimiento".

Estamos esperando que inicien la quema de libros profanos que se encuentran en las bibliotecas universitarias (verdaderos templos de propagación de porquerías), tales como "El Anticristo" de Nietzsche, "Mein Kampf" de Hitler, "El Corán", "La Biblia", y tantísimos otros que atentan contra la "visión ética" del Consejo Antiuniversitario. Los buenos estudiantes están esperando con ansias para que les indiquen cuáles libros pueden leer, si es que pueden leer.

Parece ser que ahora más que nunca retumban las sabias palabras del general franquista Millán Astray cuando le grito al pachuco rector de la Universidad de Salamanca, Miguel de Unamuno: "MUERA LA INTELIGENCIA".

Las palabras que deben quedar eternamente en el olvido del "señor" Unamuno, cuando pretendía defender una visión equivocada del concepto universidad, son estas: "Éste es el templo de la inteligencia, y yo soy su sumo sacerdote. Estáis profanando su sagrado recinto. Venceréis, porque tenéis sobrada fuerza bruta. Pero no convenceréis. Para convencer hay que persuadir, y para persuadir necesitaréis algo que os falta: razón y derecho en la lucha."

Así pues, no más universidades en Fritzburgo. "¡QUE VIVA LA VISIÓN ETICA EN LA PRODUCCIÓN DEL CONOCIMIENTO!"


*Declaraciones dadas en el programa radial "Nuestra Voz", bajo la dirección de la periodista Amelia Rueda, el 2-2-2011.

Acertijo electoral

Pasquín de Fritzburgo
Año 1 - Vol 1 - Ed 1

El recién creado "Estado Puro, Noble y Casto de Fritzburgo" está un dilema y solicita la ayuda e imaginación del estimable lector para resolverlo.

Los sabios constituyentes de la nación han decidido que el Primer Premier, líder indiscutible por mandato popular, se vea acompañado para tomar las decisiones por un Consejo Político Superior, el cual estará formado por un único representante de las diez provincias que forman Fritzburgo.

Estos diez representantes, por supuesto serán elegidos cada uno en su región, por voto popular directo. Sin embargo, el Consejo Electoral Bien Ñoño de Fritzburgo ha dicho que, para ir con el espíritu de los tiempos, debe existir absoluta paridad de género en el Consejo Político Superior (cinco buenos hombres y cinco buenas mujeres públicas del país).

Los sabios constituyentes se están quebrando la cabeza para ver cómo se garantiza paridad de género en un órgano colegiado que proviene de sistemas de elección uninominal (uno por provincia).

¿Podría algún lector de este Pasquín, ayudar a los sabios del Estado Puro, Noble y Casto de Fritzburgo a tener paridad de género en su Consejo Político Superior?

El peligro de la mala prensa

Federico Ruiz
Politólogo

Hace pocos días, un joven mentalmente desequilibrado, abrió fuego en Arizona, hiriendo a muchas personas, incluyendo a una congresista y matando a varias otras, incluyendo a una pequeña niña. De inmediato se inición en Estados Unidos un debate sobre la violencia en el discurso político tanto en comentaristas, como en periodistas y los propios políticos. ¿Será acaso que la palabra de un periodista puede motivar a alguien a tomar armas contra un representante popular?

Debo reconocer que en ese debate me mantuve muy dubitativo, hasta que algo más cercano me confirmó cuan peligrosa es la pluma del periodista, si se quiere utilizar para generar escándalos que vendan.

El periódico La Nación, en una nota del periodista Alvaro Murillo, publica el titular: "Canciller Castro ve necesario reconsiderar tradición pacifista" y en su primer párrafo dice:

"Es hora de reconsiderar el pacifismo que caracteriza a Costa Rica. Es hora de armar fuerzas de seguridad que no se llamen ejército, pero que tengan capacidad de defensa contra ejércitos extranjeros en eventuales confrontaciones."

La noticia generó una profunda indignación en muchísimas personas, quienes sin más, empezaron a decir que el Gobierno de la Presidenta Chinchilla, especialmente a través de su Canciller René Castro y su Ministro de Seguridad José María Tijerino, están empeñados en crear un ejército en Costa Rica.

Pero nada más alejado de la verdad. Basta leer la entrevista COMPLETA que le hiciera Radio Nederland al Canciller Castro, para darse cuenta que lo escrito por Alvaro Murillo en La Nación es cuando menos amarillista.

De hecho al Canciller se le pregunta:

"Pregunta: ¿Peligra la paz entre ambos países si Nicaragua continúa con su presencia militar en la zona que Costa Rica reclama como suya ?

Respuesta: Si Costa Rica hubiera tenido un ejército, probablemente eso sería una zona de guerra. Pero hemos venido a defender en los foros del derecho internacional la decisión de un país que decide desarmarse hace sesenta años; decide que ese es su modo de vida, que tiene derecho a ser soberano, a tener integridad territorial y al mismo tiempo a ser desarmado...

...Hemos apostado por una forma de ser y es parte de nuestro destino, algo que es consustancial con nuestra nacionalidad; estamos defendiéndolo a plenitud y preparados para dar esa batalla legal con la intensidad que se requiera." (El resaltado no es del original).

Más adelante en la misma entrevista:

"Pregunta: ¿ De continuar escalanado esta situación, podría su país llegar al extremo de congelar relaciones diplomáticas con Nicaragua?

Respuesta: No hemos excluido ninguna decisión de las que se establecen en el derecho internacional, bilateral o multilateral. Hemos analizado y mantenemos vivos todos los escenarios. Es la única arma que Costa Rica decidió ejecutar. Nosotros tomamos la decisión de no recurrir a echar atrás medidas como la proscripción del ejército y tratar de levantarlo de nuevo, ni la intervención de países amigos en forma armada o presencia militar, sino limitarnos al uso de todos los instrumentos del derecho internacional."

Luego ante una pregunta clara, una respuesta del Canciller tajante:

"Pregunta: ¿Da pie esto para decir que Costa Rica, la democracia centenaria, está obligándose a girar hacia una sutil militarización?

Respuesta: Claro que no. Hay una diferencia considerable entre un ejército y una policía. El ejército tiene una capacidad ofensiva, de ataque. Aquí hablamos básicamente de equipos de movilización. No queremos una artillería pesada para un policía defensiva. Los ejércitos tienen una cultura militar, de secreto, de no control sobre ellos, pero nada de esto opera en una policía civilista. Lo que sí esperamos es que haya una mejoría en el cuido de las fronteras marítimas y terrestres.

Un ejemplo es Panamá, que una vez abolido su ejército, cuida su frontera con Colombia a través de un cuerpo policial especializado, moderno, equipado.

Jamás dar un paso atrás y volver a los viejos ejércitos y las botas militares, que solamente traen a la memoria su sed de política y control sobre la democracia."

El Canciller pasa durante toda la entrevista machacando una y otra vez el deseo de Costa Rica de ser un país desarmado, que confía en el derecho internacional para resolver sus problemas. Pero esto parece que no merece un titular de La Nación.

Hoy mucha gente comenta y pide explicaciones que no hay que pedir, porque nunca fue el interés del jerarca dar a entender lo que un medio de comunicación asegura. Perdemos el tiempo, perdemos energía, perdemos la atención de lo importante y lo que es peor, perdemos la unidad nacional frente a la fuerza invasora.

Parece atinado el debate que hay ahora en los Estados Unidos, frente a una prensa con un lenguaje agresivo, que genera consecuencias no deseadas por nadie.