Por: Daniel Calvo Sánchez y Federico Ruiz Wilson. / Politólogos.
Lo primero que todos se preguntan es: ¿qué le cobran los diputados a Fernando Cruz?Nada, a él no se le cobra nada, es a TODOS LOS MAGISTRADOS QUIENES COMPONEN LA SALA IV, no personalicemos el asunto, si fuera así, recordemos que el magistrado Armijo prácticamente en todas las resoluciones famosas ha votado de la misma manera que Cruz y fue reelecto en 2010 sin ningún problema.
¿Qué le cobran algunos diputados a la Sala IV? Como bien lo ha dicho el diputado Fabio Molina, la extralimitación de sus funciones y su intromisión en las decisiones del Poder Legislativo, prueba de ello es que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma al tratamiento de la jurisdicción constitucional que tiene entre sus principales objetivos delimitar sus funciones.
Los diputados le reprochan a los magistrados de Sala IV su defensa de un excesivo formalismo parlamentario, que con muchos de sus votos han convertido el procedimiento legislativo en una receta de cocina rígida, impidiendo que la amplia mayoría pueda ejercer efectivamente su poder, lo que pone en peligro –según su criterio – la estabilidad política y la gobernabilidad del país.
¿Cuál fue la gota que derramo el vaso? Sin duda alguna el 208 bis, sobre todo por la coyuntura en la que se tiene que decidir la reelección o no de Fernando Cruz, justo después del fracaso del plan fiscal.
Fue principalmente la coyuntura la que castigo a Cruz, el “corte de su cabeza” es un mensaje claro de los diputados que votaron en contra de su reelección al resto de magistrados de la Sala IV, a quienes más de un diputado también les gustaría quitar, pero por el momento no han tenido oportunidad como sí tuvieron ahora con Cruz.
Pero entonces ¿cómo explicar el voto de los representantes de otros partidos políticos quienes estuvieron en contra del Plan Fiscal? En el caso de la fracción del ML y algunos diputados del PUSC, recordar el nuevo pacto denominado “CalderOttismo”, creo que aunque agradecidos con Cruz y todos los Magistrados que votaron en contra del 208bis en el caso del Plan Fiscal, están conscientes que pudieran necesitar en algún momento esta herramienta para tramitar proyectos de su interés.
Los constituyentes, en la Carta Magna en 1949 definieron que la decisión de nombrar magistrados del Poder Judicial corresponde a la Asamblea Legislativa. De esta forma, determinaron que la elección recaería, no solo del cuerpo que tiene la máxima representación popular, sino en la más política de todas las instituciones. La decisión para elegir a un magistrado no es técnica, es política.
Siguiendo lo establecido en la Constitución Política, la Asamblea Legislativa mediante un procedimiento institucional y legalmente correcto, tomó una decisión política y eso ni atenta contra la división de poderes, ni puede ser considerado dictatorial con una mayoría calificada, ni se está sacando a un magistrado independiente (que lo es en tanto esté de acuerdo con nuestros criterios).
Reiteramos, la decisión de los diputados es política y como tal, debe ser luego evaluada por la ciudadanía en las urnas. Si la mayoría de la población considera desacertada, o especialmente grave, la no reelección del señor Cruz, entonces que exprese esa insatisfacción castigando a los partidos políticos responsables y dándole los votos a otros. Así funciona una democracia.
Si lo que se quiere es quitar la elección y remoción de magistrados por parte del Congreso, pues también existen los mecanismos para cambiar la Constitución Política. A lo mejor se quisiera tener el sistema de EEUU donde el PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE TURNO PROPONE A JURISTAS CERCANOS A SU IDEOLOGÍA, los pasa por el filtro del senado y una vez confirmados, quedan de por vida en el puesto. Si lo que existe no le gusta a la mayoría, entonces conviene que se expongan las alternativas y lo que eso implica. Sin embargo, ya es hora de que la gente deje de decir cosas absurdas solo porque no les gusta una decisión.
