Una reforma necesaria
Federico Ruiz W.
Politólogo
Mucho de nuestro sistema político actual está basado en una realidad post-conflicto armado (La Revolución del 48).
El nefasto régimen de los ocho años de Calderón Guardia y su títere Teodoro Picado, habían consolidado un sistema político corrupto que abarcó prácticamente la totalidad de las instituciones del país. Desde el nepotismo generalizado en la función pública, hasta el control de la libertad de expresión en los medios de prensa, Costa Rica daba lástima políticamente hablando.
Con el triunfo de don Pepe, del Ejército de Liberación Nacional, posteriormente la Constituyente, la Junta Fundadora de la Segunda República y el Gobierno constitucional de Otilio Ulate, el diseño del Estado y su sistema político se constituyó como reacción a los abusos de años anteriores.
Así por ejemplo durante años se prohibió la existencia del partido comunista (aliados de los calderonistas), se eliminó la reelección sucesiva de diputados, la reelección presidencial pasó de una alternancia de 4 años a 8 años y quedó plasmado en el Código Electoral la imposibilidad de las altas figuras de Gobierno de inmiscuirse en la política partidista.
En aquellos tiempos, como reacción a la Costa Rica de los años cuarenta, tales decisiones parecen adecuadas. Sin embargo, así como consolidamos nuestra democracia y fuertes instituciones políticas, así también debemos aprender a dejar los temores del pasado, reconocer nuestra propia madurez y reformar las normas para hacer de nuestro sistema político, uno que esté acorde con los tiempos.
Debe ya establecerse la carrera parlamentaria (posibilidad de reelección sucesiva), aumentarse el número de diputados, re-hacerse el reglamento de la Asamblea, crear diputados por circunscripciones electorales más pequeñas, acompañados de diputados nacionales, crear gobiernos provinciales que realmente le den sentido a la existencia a la división territorial y administrativa del país. La reelección inmediata de quien ocupe la Presidencia de la República también debe ser permitida... ¡qué carajos, yo creo que el parlamentarismo deberían instaurarse! Lamentablemente, estamos todavía lejos de esos cambios necesarios.
Hoy sin embargo me encontré una agradable sorpresa en el periódico y en el día me he llevado grandes desiluciones. Tres diputados del Partido Liberación Nacional (Carlos Pérez, Maureen Ballestero y Francisco Marín), me atrevo a decir que con un atinado sentido de la necesidad de actualizar las normas a la realidad, impulsaron una moción para eliminar casi por completo, la prohibición de los miembros del Poder Ejecutivo de participar activamente en la política de sus partidos políticos.
Algo tan simple y elemental, como reconocer lo básico en una democracia representativa (que el Gobierno proviene de un partido determinado, siguiendo un plan determinado), en nuestro país sigue siendo prohibido. ¿Alguien puede ser tan iluso de pensar que Oscar Arias no es liberacionista?
Tenemos una ley anticuada y absurda que dice que los miembros del Poder Ejecutivo "caminan como pato, hacen como pato, pero no pueden decir ni a palos que son patos". Vivimos por tanto en una hipocresía política de marca mayor.
Hagámonos una pregunta: ¿cuántas naciones con un nivel de desarrollo y madurez democrática como la nuestra le prohibe a su Gobierno decir su evidente afinidad política? ¿Cuál ha sido el balance en la experiencia de permitir al Gobierno mantener una relación normal con su partido político?
Lo que para mí es absolutamente evidente y simple, para nuestra aldeanada y sobre todo demagógica oposición no lo es. Apelando a falacias, al miedo de la gente, al miedo al cambio, se han dejado decir montones de cosas que ninguna se sostiene después de un análisis serio.
Por ejemplo se atreven a decir que aumentará el clientelismo. Perdonarán los señores, pero una cosa no es causa de la otra y si un gobierno quisiera ser clientelista no lo será porque no pueda decir de que partido es. Por el contrario, la oposición debería verlo como una oportunidad para ponerle un ojo más cuidadoso a la acción del gobernante y en términos muy crudos, si quieren sacarle réditos políticos.
Escuché también a una diputada del PUSC decir que eso no aprobarlo porque "¿se imaginan a Oscar Arias metido en la convención del PLN y eligiendo candidatos a diputados?". Mi respuesta sería, sí me lo puedo imaginar y dígame qué tiene de malo... de paso dígame en qué se diferenciaría de la injerencia que podría tener Ottón Solís en las decisiones del PAC, Otto Guevara en el ML o Rafael Angel Calderón en el PUSC.
Más aún, ¿cuál es el daño para el sistema político democrático que el líder natural de un partido (en este caso el oficialista), ejerza abiertamente y sin hipocresías dicho liderazgo?
Alguien dijo por ahí en Twitter que la medida es un "asco y antidemocrática". Cuando pregunté el por qué a esos adjetivos, tuve por respuesta el silencio. ¿En qué afecta a la democracia (sino más bien para reforzarla), que el Presidente pueda reunirse en la sede de su partido y definir las acciones políticas del mismo?
Me dirán: "no es por eso, es porque se aprovecharían de los recursos públicos para hacerse campaña". Dos cosas diré al respecto:
1. Si un Gobierno quisiera hacer eso, lo hace con o sin norma. Una ilegalidad siempre es posible cometerla. Con o sin pena para asesinatos, estos lamentablemente se dan. El peculado, el tráfico de influencias y otro montón de males en la función pública no se dispararán porque el Gobierno de la República pueda tener partido e involucrarse de sus actividades.
2. Es mejor para la conducción política del país que el Presidente se involucre con su partido en la definición de las políticas a seguir en todos los ámbitos de forma transparente, y de forma claramente regulada para que no se utilicen recursos públicos; que no seguir viviendo en la misma hipocresía de ahora.
Lástima que el valiente esfuerzo de los liberacionistas se verá truncado por la ignorancia, el miedo o la mala fe de la oposición. Lástima que doña Lorena Vázquez del PUSC, así como doña Lesvia Villalobos y don Sergio Alfaro del PAC, sigan considerando que tenemos la incipiente democracia de la post-guerra civil, y no una democracia de 60 años.
El nefasto régimen de los ocho años de Calderón Guardia y su títere Teodoro Picado, habían consolidado un sistema político corrupto que abarcó prácticamente la totalidad de las instituciones del país. Desde el nepotismo generalizado en la función pública, hasta el control de la libertad de expresión en los medios de prensa, Costa Rica daba lástima políticamente hablando.
Con el triunfo de don Pepe, del Ejército de Liberación Nacional, posteriormente la Constituyente, la Junta Fundadora de la Segunda República y el Gobierno constitucional de Otilio Ulate, el diseño del Estado y su sistema político se constituyó como reacción a los abusos de años anteriores.
Así por ejemplo durante años se prohibió la existencia del partido comunista (aliados de los calderonistas), se eliminó la reelección sucesiva de diputados, la reelección presidencial pasó de una alternancia de 4 años a 8 años y quedó plasmado en el Código Electoral la imposibilidad de las altas figuras de Gobierno de inmiscuirse en la política partidista.
En aquellos tiempos, como reacción a la Costa Rica de los años cuarenta, tales decisiones parecen adecuadas. Sin embargo, así como consolidamos nuestra democracia y fuertes instituciones políticas, así también debemos aprender a dejar los temores del pasado, reconocer nuestra propia madurez y reformar las normas para hacer de nuestro sistema político, uno que esté acorde con los tiempos.
Debe ya establecerse la carrera parlamentaria (posibilidad de reelección sucesiva), aumentarse el número de diputados, re-hacerse el reglamento de la Asamblea, crear diputados por circunscripciones electorales más pequeñas, acompañados de diputados nacionales, crear gobiernos provinciales que realmente le den sentido a la existencia a la división territorial y administrativa del país. La reelección inmediata de quien ocupe la Presidencia de la República también debe ser permitida... ¡qué carajos, yo creo que el parlamentarismo deberían instaurarse! Lamentablemente, estamos todavía lejos de esos cambios necesarios.
Hoy sin embargo me encontré una agradable sorpresa en el periódico y en el día me he llevado grandes desiluciones. Tres diputados del Partido Liberación Nacional (Carlos Pérez, Maureen Ballestero y Francisco Marín), me atrevo a decir que con un atinado sentido de la necesidad de actualizar las normas a la realidad, impulsaron una moción para eliminar casi por completo, la prohibición de los miembros del Poder Ejecutivo de participar activamente en la política de sus partidos políticos.
Algo tan simple y elemental, como reconocer lo básico en una democracia representativa (que el Gobierno proviene de un partido determinado, siguiendo un plan determinado), en nuestro país sigue siendo prohibido. ¿Alguien puede ser tan iluso de pensar que Oscar Arias no es liberacionista?
Tenemos una ley anticuada y absurda que dice que los miembros del Poder Ejecutivo "caminan como pato, hacen como pato, pero no pueden decir ni a palos que son patos". Vivimos por tanto en una hipocresía política de marca mayor.
Hagámonos una pregunta: ¿cuántas naciones con un nivel de desarrollo y madurez democrática como la nuestra le prohibe a su Gobierno decir su evidente afinidad política? ¿Cuál ha sido el balance en la experiencia de permitir al Gobierno mantener una relación normal con su partido político?
Lo que para mí es absolutamente evidente y simple, para nuestra aldeanada y sobre todo demagógica oposición no lo es. Apelando a falacias, al miedo de la gente, al miedo al cambio, se han dejado decir montones de cosas que ninguna se sostiene después de un análisis serio.
Por ejemplo se atreven a decir que aumentará el clientelismo. Perdonarán los señores, pero una cosa no es causa de la otra y si un gobierno quisiera ser clientelista no lo será porque no pueda decir de que partido es. Por el contrario, la oposición debería verlo como una oportunidad para ponerle un ojo más cuidadoso a la acción del gobernante y en términos muy crudos, si quieren sacarle réditos políticos.
Escuché también a una diputada del PUSC decir que eso no aprobarlo porque "¿se imaginan a Oscar Arias metido en la convención del PLN y eligiendo candidatos a diputados?". Mi respuesta sería, sí me lo puedo imaginar y dígame qué tiene de malo... de paso dígame en qué se diferenciaría de la injerencia que podría tener Ottón Solís en las decisiones del PAC, Otto Guevara en el ML o Rafael Angel Calderón en el PUSC.
Más aún, ¿cuál es el daño para el sistema político democrático que el líder natural de un partido (en este caso el oficialista), ejerza abiertamente y sin hipocresías dicho liderazgo?
Alguien dijo por ahí en Twitter que la medida es un "asco y antidemocrática". Cuando pregunté el por qué a esos adjetivos, tuve por respuesta el silencio. ¿En qué afecta a la democracia (sino más bien para reforzarla), que el Presidente pueda reunirse en la sede de su partido y definir las acciones políticas del mismo?
Me dirán: "no es por eso, es porque se aprovecharían de los recursos públicos para hacerse campaña". Dos cosas diré al respecto:
1. Si un Gobierno quisiera hacer eso, lo hace con o sin norma. Una ilegalidad siempre es posible cometerla. Con o sin pena para asesinatos, estos lamentablemente se dan. El peculado, el tráfico de influencias y otro montón de males en la función pública no se dispararán porque el Gobierno de la República pueda tener partido e involucrarse de sus actividades.
2. Es mejor para la conducción política del país que el Presidente se involucre con su partido en la definición de las políticas a seguir en todos los ámbitos de forma transparente, y de forma claramente regulada para que no se utilicen recursos públicos; que no seguir viviendo en la misma hipocresía de ahora.
Lástima que el valiente esfuerzo de los liberacionistas se verá truncado por la ignorancia, el miedo o la mala fe de la oposición. Lástima que doña Lorena Vázquez del PUSC, así como doña Lesvia Villalobos y don Sergio Alfaro del PAC, sigan considerando que tenemos la incipiente democracia de la post-guerra civil, y no una democracia de 60 años.
1 comentario:
Definitivamente muy buen articulo, una vez mas demuestra que la oposicion de este pais no sirve para un carajo!
Costa Rica necesita un cambio, hemos llevado un proceso muy intenso de consolidacion institucional y lo mejor es que hemos logrado una democracia muy madura y estable. Pero muchos no lo ven asi.
Saludos,
Publicar un comentario