Federico Ruiz W.
Politólogo
fritzium@gmail.com
De acuerdo a estimaciones del Banco
Central de Costa Rica, según fuera reseñado por el Subdirector General de
Migración y Extranjería hace algunos meses, la población costarricense que está
actualmente radicada en el exterior ronda la cifra de 250.000 ciudadanos. Esto
representa aproximadamente el 6% de nuestros compatriotas y no debe ser
considerada una cifra menor.
Desperdigados por el mundo, algunos
han abandonado nuestro país de forma temporal (como quienes salen a estudiar),
o de una forma mucho más permanente (quienes salen a buscar un trabajo porque
no encuentran oportunidades aquí). La inmensa mayoría, sin embargo, buscan
mantener algún tipo de arraigo con su patria (lo se por experiencia propia).
Lo anterior se facilita con el
acceso a Internet que permite llevar el pulso de lo que pasa en Costa Rica, ya
sea a través de las prensa escrita, los programas radiales, las decenas de
blogs, plataformas como Facebook, Twitter, o con el cara a cara que permite
Skype. Puede incluso decirse que muchos costarricenses en el exterior
están más informados de lo que pasa en el país, que los ciudadanos que no han
salido de su tierra.
Sin embargo, no debemos olvidar la
canción de León Gieco cuando dice: "desahuciado está el que tiene que
marchar a vivir una cultura diferente". Es por tanto un deber moral y
cívico que el Estado costarricense haga todo lo posible por mantener y
fortalecer el vínculo con sus ciudadanos que están lejos de nuestras fronteras,
procurando, en la medida de lo posible, su retorno y el recuento de sus
familias. Mientras eso sucede, el costarricense de afuera debe ser tomado en
cuenta con exactamente los mismos derechos, como si estuviera adentro.
Por lo anterior, me resulta
altamente preocupante y doloroso, cuando, sin la menor reflexión, nuestro
Estado ha creado tres categorías de costarricenses, y con gran engaño se
vanagloria porque "finalmente los ciudadanos podrán votar en el exterior a
partir de 2014". Eso es, antes que todo, una colosal cancamusa, una
estafa, un timo. Reseñemos las clases de compatriotas:
La máxima categoría de ciudadano es
quien tiene la dicha de vivir en Costa Rica, con todos los derechos. En febrero
de 2014 podrá ir a las urnas y votar en todas las papeletas e incidir en la
conformación de la Asamblea Legislativa. En el 2016 podrán votar en elecciones
municipales por quienes están llamados a resolver los problemas de su cantón.
En esta categoría de ciudadanos hay que incluir a la población privada de
libertad, quien desde la cárcel podrá votar gracias a los ingentes esfuerzos
del Tribunal Supremo de Elecciones por inscribirlos.
El ciudadano “clase B”, es aquel que
por suerte vive cerca de una embajada o consulado. Esta persona se inscribe
como votante y tiene exclusivamente el derecho de votar en las elecciones
presidenciales, o si llegase a suceder, en algún referéndum. No tienen la
posibilidad de votar por diputados (a pesar de que estos aprueban leyes, que
aun estando en el exterior les impactan directamente), y sin duda no pueden
votar por sus representantes locales (a pesar de que sus familias se ven
afectadas por quienes resulten electos en los concejos y alcaldías).
Los ciudadanos de tercera categoría
son, como habrá adivinado el lector, aquellos que no viven en la cercanía de
una embajada o un consulado. Son como aquel estudiante de la Universidad de
Kansas, quien debe hacer todo trámite ante el consulado costarricense en
Houston (según la jurisdicción), a una distancia de 1021 kilómetros en línea
recta. Por no hablar de la costarricense que habita en un país donde ni hay
embajada, ni consulado. Estos ciudadanos verán por los medios digitales la
elección, pero no participarán de ella, ni siquiera en la presidencial.
Véase además lo lamentable de los
números de registro de votantes. Según se anunció recientemente con bombos y
platillos, al día de hoy hay un poquito más de 4000 costarricenses inscritos
para votar. Eso representa el 0.09% del total de la población y únicamente el 1.6%
de quienes están fuera de Costa Rica. ¿Cómo es que eso no nos indigna, nos
avergüenza y nos motiva a cambiar ese sistema que excluye a compatriotas de la
vida nacional?
Sobre lo anterior debe decirse, con
toda contundencia, que no existe excusa alguna para impedir que quienes habiten
fuera del país voten por sus diputados. El artículo 106 de nuestra Constitución
Política es clara en señalar que el carácter del diputado es por la nación, lo
que quiere decir que nos representan a todas y todos los ciudadanos. La
naturaleza de la representación popular no debe confundirse con la forma en que
se eligen (a través de las provincias).
Pero, en caso de que alguien quiera
posicionar la forma de elección por encima de la naturaleza del diputado, al
decir que “no se puede permitir que quien viva en el extranjero vote por los
parlamentarios porque estos se eligen por provincias” (como lamentablemente se
desprende de las tristes comparecencias de los asesores del TSE a la Asamblea
Legislativa), se estaría poniendo “la carreta delante de los bueyes”.
Es exactamente lo mismo que impedir la
emisión del voto presidencial, mediante la utilización de tantas otras formas, probadas
con éxito en muchos países del mundo, como el que se hace por correo postal, o
el voto electrónico.
Si se va a recurrir a ese es burdo
pretexto del “no se puede porque la ley lo impide”, la solución es simple:
modifíquese la forma, para que garanticemos el fondo del asunto: que exista
verdaderamente la universalización del sufragio. Cámbiense las leyes que sean
necesarias, incluida la propia Constitución, si es del caso.
Publicado en La Fragua: 6-agosto-2010
http://lafraguacr.org/2012/08/06/costarricenses-de-tercera-categoria-federico-ruiz-w-politologo/
