Pacto por Costa Rica

Federico Ruiz W. & Daniel Calvo S. / Politólogos
Coordinadores de la iniciativa "Pacto por Costa Rica"


El devenir del tiempo en política siempre es aleccionador.

Los años, lustros y décadas nunca pasan en vano, pero depende únicamente de nosotros no tropezar siempre con los mismos obstáculos.

En el pasado, varias veces hemos sido testigos de cómo importantes esfuerzos de diagnóstico y discusión de propuestas para devolverle funcionalidad al Estado no han podido superar el carácter efímero de lo mediático, y ante el desamparo e indolencia de la ciudadanía, la clase política no se ha sentido lo suficientemente presionada como para adoptar varias de las reformas planteadas, permitiéndoseles, como dice el adagio, seguir, una vez más, "pateando la bola hacia adelante".

Para no repetir errores del pasado, es necesario trascender la esfera estrictamente gubernamental y utilizar la coyuntura del debate de las propuestas del grupo de expertos o notables, para hacer una llamado a todos los sectores del país a que tomen posición sobre la construcción del Estado que necesitamos.
Lo anterior no implica que no se pueda disentir, pero sí que en caso hacerlo se deba plantear e impulsar por iniciativa propia otras reformas.

Es válido criticar siempre y cuando se aporten nuevos insumos al debate y se permita esa dinámica. Lo peor que pudiera pasar es convertir este esfuerzo en un debate eterno que nuevamente no llegue a soluciones concretas.

Por ello, bajo las condiciones de rechazar el inmovilismo y promover la discusión sería, orientada a la transformación del país, varias personas hemos decidido lanzar la iniciativa ciudadana para fortalacer la gobernabilidad democrática, denominada "Pacto por Costa Rica".

Este esfuerzo colectivo lo hemos decidido adoptar siguiendo la propuesta de uno de los notables: don Constantino Urcuyo.

El experto ha señalado que, si deseamos impulsar grandes cambios, debemos avanzar hacia la firma de un "Pacto por Costa Rica", por parte de los líderes políticos más reconocidos del país, en el que se comprometan en un plazo corto, a adoptar las reformas necesarias para mejorar la institucionalidad y gobernabilidad.

El Informes de los Notables debe servir como base para las reformas concretas, propiciando la negociación entre las diversas fuerzas políticas, debido a que los principios expuestos en él son los que dan sentido a un nuevo modelo de Estado.

En caso de que un consenso no fuera posible en un plazo corto, debemos exigir que por los menos se deje decidir a la mayoría sobre los cambios requeridos, sin recurrir a táctivas obstruccionistas.

Es imprescindible que tanto políticos como el resto de la sociedad, tengan un mínimo de confianza en que aquellos otros que sostienen posiciones distintas a las propias, lo hacen pensando, también, en lo mejor para el país.

Solo teniendo como punto de partida que los decisores actuán de buena fé, procurando el mejor modelo para Costa Rica, es que este proceso transformador podrá llevarse a cabo.

Aumento del número de diputados

Federico Ruiz W.

Politólogo

La primera gran bomba del informe de los Notables que trascendió fue la recomendación de ampliar el número de diputados de la Asamblea Legislativa. Como era de esperar en un país dominado por la demagogia y el pensamiento fácil, tal propuesta fue atacada de inmediato.

Los Notables, quienes insisten en que su modelo debe valorarse en conjunto, han dicho que algunas recomendaciones no deben aprobarse sin otras que las acompañan. Para el caso de más diputados, esta reforma debe ir junto con la carrera parlamentaria, un nuevo reglamento legislativo que facilite la discusión y aprobación de leyes, bajar el quórum para sesionar, etc. El objetivo de todo este paquete es permitir un funcionamiento adecuado del congreso, con un aumento de diputados que represente adecuadamente a la población.

La principal crítica que se le hace a la idea de aumentar los diputados es que si 57 no se ponen de acuerdo, menos lo harán 75, 81, 87 o cualquier otro número. Argumento pobre, triste y muy poco democrático.

Si el razonamiento de que más no van a hacer mejor el trabajo, entonces la respuesta sería que para que el Estado sea eficaz debe tener menos representantes populares en un órgano colegiado deliberativo. La conclusión lógica sería: entre menos, mejor. Ante tal criterio para la eficiencia, mejor suprimamos el parlamento del todo, y dejemos que las decisiones se tomen en un consejo de ministros. ¿Para qué tener representación de minorías que más bien estorban?

Alguien dirá que eso es profundamente antidemocrático, que las diversas fuerzas políticas deben estar representandas, que debe haber equilibrio y control, debe existir una oposición. Tendrían razón, por lo que entonces, empezando de cero, debemos concluir que se necesita un parlamento donde se vea reflejada la población y el criterio de "eficacia" no sea el que determine su existencia. ¿De qué tamaño debe ser ese parlamento?

Un aventurero dijo que debe ser de 7 diputados, uno por provincia. ¿Cuántos partidos quedarían representados en ese parlamento? ¿Suficientes? ¿Estaría bien que el diputado de San José represente a un millón de ciudadanos, mientras otras provincias solo decenas de miles? Pareciera que 7 es muy poco.

Entonces, lo mejor es no tocar las cosas y dejar 57 tal como está ahora. ¿Por qué esa cifra tan arbitraria? Porque en su momento era la proporción adecuada para tener un diputado por cada tanto número de habitantes, digamos unos 30 mil, como estaba dicho originalmente en nuestra Constitución Política.

¿Representan 57 diputados la conformación política actual de la sociedad costarricense? Ante la creciente complejidad de temas que ve la Asamblea Legislativa, ¿es ese número suficiente para un trabajo responsable? ¿Se considerará justo que para sacar un diputado por la provincia de San José baste conseguir el 6% de los votos, mientras que para sacar uno en Guanacaste se requiera conseguir el 35%? ¿Es eso democrático? ¿Por qué debo yo, ciudadano, verme cada vez más alejado de mi representante? ¿Por qué mi poder debe ser cada vez mas diluido entre la población? ¿Prefiero ser 1 entre 30 mil, o 1 entre 85 mil?

Confieso que soy egoista. Yo quiero estar debidamente representado por alguien, o algunos, con los que me sienta políticamente a gusto y relativamente cercano. Yo prefiero jugarme el chance siendo 1 entre 30, que no 1 entre 80. Yo quiero que esos representantes puedan concentrarse y especializarse en pocos temas. No me interesa gente que esté al mismo tiempo en la comisión de hacendarios, reformas electorales, municipalidades, seguridad, juventud, la plena segunda, la comisión investigadora para determinar quién impidió la búsqueda del tesoro de la isla del Coco y además el plenario, porque eso es charlatanería. Además, prefiero que más gente de las más diversas corrientes políticas tengan más oportunidad de representar a la nación.

¡Ah, pero cuanto cuesta ese aumento!, dice aquel que sabe el precio de todo, más no el valor de nada. Yo le diría dos cosas: ¡Claro que costará más caro! La correcta representación democrática no es gratis. Lo segundo, por favor no sea tan pesetero, ni tampoco sea tan chimado. Duplicar o hasta triplicar el número de diputados no trastornará la economía nacional.

El aumento de los diputados es una reforma necesaria, y debe impulsarse se aprueben o no otras. Mi tesis es volver a lo que nuestra Constitución estableció orginalmente: 1 diputado por cada 30 mil habitantes. Hagan ustedes la matemática. Caso contrario, me gusta el planteamiento de don Constantino Urcuyo: definamos qué tipo de diputados queremos, qué representarán (población, territorio, ambos), y luego vemos cuál es el número apropiado. Para mí 87 son muy pocos.

Votarás por nosotros, Dios lo quiere

Federico Ruiz W.

Politólogo

San Marcelino Champagnat, fundador de los Hermanos Maristas, nació en los años de la revolución francesa. A sus 15 años, llegó un sacerdote y sin más le dijo algo como: "Marcelino, serás sacerdote, Dios lo quiere". Marcelino se hizo sacerdote.

Hacia finales del siglo XIX, en Costa Rica, como respaldo al gobierno del dictador José Joaquín Rodríguez y como respuesta a las políticas liberales, nación el Partido Unión Católica del Clero de Costa Rica. Su doctrina era confesional y buscaba el apoyo de los ciudadanos a través del poder de la Iglesia.

Justo por el papel que jugó este partido, se reformó la Constitución Política y se incluyó una norma que prohibe a las personas hacer propaganda política valiéndose de motivos religiosos. Como la religión es un asunto de fe, es muy complicado tener un sistema democrático donde personas busquen votos, siguiendo la "fórmula Champagnat", o alguna de sus derivadas: "vota por nosotros porque Dios lo quiere", "votar por aquellos es votar contra Dios", "Dios está con nosotros, no con los otros", "aquellos incumplen los mandamientos de Dios, nosotros los defendemos".

¿Cómo se hace campaña contra Dios y las creencias arraigadas de la gente de bien que hacen caso a su pastor? Eso es algo muy complicado, especialmente con una población con una cultura cívica bastante pobre. De hecho, permitir algo así nos alejaría de la democracia, para pasar a ser una teocracia, donde lo que manda es una moral teísta y no una humanista.

Hoy, no tenemos un partido que parta o use la religión desde el catolicismo, pero si lo hay desde los sectores protestantes. Tienen fuerza y votan en línea. El discurso y la acción política de sus representantes están claramente orientados por motivos religiosos, en contraposición a lo dispuesto en el párrafo último del artículo 28 de nuestra Constitución Política.

Parece que un abogado presentó un recurso de amparo contra la existencia de estos partidos. No se cuál es el derecho fundamental violentado, aunque sí puedo ver que exista una violación a la Constitución con el accionar (no se si con la existencia), de dichas agrupaciones. En cualquier caso, en materia electoral es el Tribunal Supremo de Elecciones el llamado a resguardar que la religión (sea cual sea), se utilice como medio para el accionar político de cualquier partido. ¿Cómo se verifica que al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios?

Lo que sí se, es que la sola existencia de partidos que muevan masas a partir de creencias religiosas es un atraso, es antidemocrático y debe combatirse, porque claramente mi Dios es más fuerte que el tuyo, y si ese es el punto de partida, no vamos a llegar nunca a ningún lado.

Más provincias: ¿para qué?

Federico Ruiz W.

Politólogo

La división político-administrativa del Estado, no solo es un completo desastre, sino que además carece de sentido alguno bajo la legislación que tenemos en estos momentos. Nuestra Constitución divide al país en 7 provincias, los cantones que por ley se establezcan y los distritos que determine el poder ejecutivo. Tenemos, en un territorio de 51.100 kilómetros cuadrados la sorprendente cifra de 81 cantones y casi 500 distritos. ¿Por qué existen San Mateo o San Pablo cuando bien podrían ser parte de un cantón más grande?

Tenemos, como es lógico, un gobierno nacional con su rama legislativa y ejecutiva. Tenemos también gobiernos locales con concejos municipales que toman decisiones y alcaldías que las ejecutan. Tenemos incluso pequeños consejos distritales, liderados por un síndico, que cada vez más se consolidan como entes asesores del concejo municipal en los asuntos relativos a su espacio territorial. Pero ¿qué pasa con las provincias?

En el nivel provincial no existe nada. No hay ni siquiera un representante del ejecutivo (como existía antes), ni un órgano asesor que vele por el desarrollo equilibrado del territorio, nada. La provincia existe para dar un número en la cédula y luego para repartir diputados. Si son solo esas las funciones, no deja de extrañar el deseo de San Carlos y Pérez Zeledón por adquirir su "independencia provincial". Nuevamente ¿para qué?

Si de verdad se quiere seguir partiendo un país pequeño, en pedazos diminutos, por lo menos debería hacerse el esfuerzo por darle sentido a la provincia. Caso contrario, ¿qué sentido tiene? Deberían establecerse mecanismo de gobierno y administración provincial, con las suficientes competencias para ordenar el desarrollo. Un cantón pujante como San Carlos, puede ayudar a la prosperidad de Guatuso, Upala y Los Chiles (muy en sintonía con la idea de las zonas económicas especiales). Con una asamblea provincial, los cantones pequeños le pueden reclamar ayuda a los más desarrollados. Las decisiones de política pública para la región puede ser guiadas desde este espacio, para orientar el desitno de fondos y programas. También serviría de colchón entre lo meramente local y lo nacional.

Por otra parte, la inexistencia de una estructura provincial, por mínima que sea, es lo que facilitia tener diputados de alcantarilla (como me dijera hace unos días una querida amiga). Aquellos legisladores que aprueban partidas para las municipalidades (como si fueran supra alcaldes), aprobando traslados de lotes, impuestos locales, y otras cosas que bien podría hacer una entidad intermedia.

Si dividimos el país administrativa y políticamente, lo lógico es que en sus diversas divisiones exista una unidad de gobierno y administración. Al final la decisión debe ser entre eliminar las provincias por carecer de sentido, o fortalecerlas dándoles funciones. Yo voto por la última.

Notable frustración

Federico Ruiz W.

Politólogo

La llamada Comisión de Notables, ha llegado a la conclusión de sus deliberaciones sobre las reformas necesarias para mejorar nuestro sistema de gobierno y administración. Es una comisión formada por gente de grandes quilates intelectuales, gente seria, gente honorable, gente sin mácula, gente que solo quiere lo mejor para Costa Rica.

En los próximos días nos presentarán aproximadamente 100 recomendaciones de muy diversa índole, analizadas y debatidas entre ellos con sumo cuidado. Algunas ya se han dado a conocer de forma suelta, con una reacción virulenta por parte de quienes, sin dar una alternativa, solo encuentran sosiego en el "no, no, no". Mucho me temo que, sin el valor para enfrentarse a una demagogia y una ignorancia reinantes en el país, las opciones dadas por los Notables, no serán más que un honesto ejercicio académico, cívico y patriótico, sin mayores consecuencias prácticas.

Desgraciadamente, las reacciones ante el anuncio de las propuestas para elevar la cantidad de diputados existentes, así como la carrera parlamentaria, han dejado en evidencia la incapacidad absoluta de un sano debate por parte de la población que ya no piensa, que sigue su programa de prejuicios atizada por los demagogos y respaldada por los populistas. Una población que asume, sin pensar, lo que una prensa irreflexiva les alimenta día con día, de forma cuidadosamente dosificada, con el punto justo para que el veneno pase desapercibido a través de sutiles comentarios en medio de un artículo, o de rimbombantes titulares amarillistas.

Llegará Godot antes que este proceso logre alguno de sus necesarios cometidos. El debate de altura estará asuente, empezando por la élite política, que, llamada a una mayor capacidad de reflexión, se pondrá del lado del fácil populismo. Las reformas urgentes no se darán. La población seguirá esperando una fórmula mágica que no existe, porque incluso cuando se las ponen en la cara, por fuerza de la costumbre, por arrastrar complejos, por falta de una cultura cívica adecuada, la rechazarán sin más. Pocos tendremos el valor de "defender lo indefendible", como se aventurarán a decirnos quienes nunca proponen nada, pero todo lo rechazan.

De qué sirve intentar explicarle que usted como habitante está subrepresentado en la Asamblea Legislativa, con el consecuente alejamiento entre representante y representado, cuando lo que le interesa es ser pesetero y alarmarse porque un aumento de diputados representará un incremento del 0.001% de la economía nacional.

De qué puede valer intercambiar opiniones sobre una carrera parlamentaria que pueda servir para premiar o castigar a buenos y malos diputados, si lo que a usted le interesa es gritar por lo aires que la Asamblea está deslegitimada (como si el grito fuera un remedio para el problema). Ni que decir sobre propuestas más complejas, como la posibilidad de la censura constructiva, la disolución del gabinete, la convocatoria a elecciones legislativas anticipadas por rechazo al programa de gobierno, etc.

Sin embargo, de todo corazón espero estar equivocado. Sueño con que la población y los altos representantes populares, de todos los partidos, asuman el documento como una base para el cambio, que aunque perfectible, es urgente de aprobar. Es mejor arriesgarnos y fracasar intentando, que seguir estancados, dominados por el miedo y los prejuicios. Espero estar muy equivocado, pero no lo creo. Seguiremos tal cual estamos ahora, con una creciente y notable frutración, preguntándonos quién vendrá con la solución a nuestros problemas, pero prestos a decirle que "no" cuando lo haga.

¿Por qué NO reeligieron al magistrado Fernando Cruz?

Por: Daniel Calvo Sánchez y Federico Ruiz Wilson. / Politólogos.

Lo primero que todos se preguntan es: ¿qué le cobran los diputados a Fernando Cruz?Nada, a él no se le cobra nada, es a TODOS LOS MAGISTRADOS QUIENES COMPONEN LA SALA IV, no personalicemos el asunto, si fuera así, recordemos que el magistrado Armijo prácticamente en todas las resoluciones famosas ha votado de la misma manera que Cruz y fue reelecto en 2010 sin ningún problema.

¿Qué le cobran algunos diputados a la Sala IV? Como bien lo ha dicho el diputado Fabio Molina, la extralimitación de sus funciones y su intromisión en las decisiones del Poder Legislativo, prueba de ello es que actualmente se tramita en la Asamblea Legislativa un proyecto de reforma al tratamiento de la jurisdicción constitucional que tiene entre sus principales objetivos delimitar sus funciones.

Los diputados le reprochan a los magistrados de Sala IV su defensa de un excesivo formalismo parlamentario, que con muchos de sus votos han convertido el procedimiento legislativo en una receta de cocina rígida, impidiendo que la amplia mayoría pueda ejercer efectivamente su poder, lo que pone en peligro –según su criterio – la estabilidad política y la gobernabilidad del país.

¿Cuál fue la gota que derramo el vaso? Sin duda alguna el 208 bis, sobre todo por la coyuntura en la que se tiene que decidir la reelección o no de Fernando Cruz, justo después del fracaso del plan fiscal.

Fue principalmente la coyuntura la que castigo a Cruz, el “corte de su cabeza” es un mensaje claro de los diputados que votaron en contra de su reelección al resto de magistrados de la Sala IV, a quienes más de un diputado también les gustaría quitar, pero por el momento no han tenido oportunidad como sí tuvieron ahora con Cruz.

Pero entonces ¿cómo explicar el voto de los representantes de otros partidos políticos quienes estuvieron en contra del Plan Fiscal? En el caso de la fracción del ML y algunos diputados del PUSC, recordar el nuevo pacto denominado “CalderOttismo”, creo que aunque agradecidos con Cruz y todos los Magistrados que votaron en contra del 208bis en el caso del Plan Fiscal, están conscientes que pudieran necesitar en algún momento esta herramienta para tramitar proyectos de su interés.

Los constituyentes, en la Carta Magna en 1949 definieron que la decisión de nombrar magistrados del Poder Judicial corresponde a la Asamblea Legislativa. De esta forma, determinaron que la elección recaería, no solo del cuerpo que tiene la máxima representación popular, sino en la más política de todas las instituciones. La decisión para elegir a un magistrado no es técnica, es política.

Siguiendo lo establecido en la Constitución Política, la Asamblea Legislativa mediante un procedimiento institucional y legalmente correcto, tomó una decisión política y eso ni atenta contra la división de poderes, ni puede ser considerado dictatorial con una mayoría calificada, ni se está sacando a un magistrado independiente (que lo es en tanto esté de acuerdo con nuestros criterios).

Reiteramos, la decisión de los diputados es política y como tal, debe ser luego evaluada por la ciudadanía en las urnas. Si la mayoría de la población considera desacertada, o especialmente grave, la no reelección del señor Cruz, entonces que exprese esa insatisfacción castigando a los partidos políticos responsables y dándole los votos a otros. Así funciona una democracia.

Si lo que se quiere es quitar la elección y remoción de magistrados por parte del Congreso, pues también existen los mecanismos para cambiar la Constitución Política. A lo mejor se quisiera tener el sistema de EEUU donde el  PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA DE TURNO PROPONE A JURISTAS CERCANOS A SU IDEOLOGÍA, los pasa por el filtro del senado y una vez confirmados, quedan de por vida en el puesto. Si lo que existe no le gusta a la mayoría, entonces conviene que se expongan las alternativas y lo que eso implica. Sin embargo, ya es hora de que la gente deje de decir cosas absurdas solo porque no les gusta una decisión.

La hipocresía del Poder Judicial

Federico Ruiz W.

Politólogo

Todos y cada uno de los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia fueron elegidos por la Asamblea Legislativa. Algunos con 29 votos, otros con 38 (según la norma vigente en ese momento), algunos con comisión de nombramiento, otros sin comisión de nombramiento.

Muchos (los más nuevos especialmente), hicieron lobby, campaña política para ser elegidos. Véase el caso de la Magistrada doña Doris Arias de la Sala Tercera, quien al momento de su elección dijo que le había pedido directamente el voto a por lo menos 20 diputados. Como ella, muchos han hecho su campaña para tener el favor político de los diputados*.

Para ser elegidos sí corren a buscar a los diputados, pero cuando les llega la hora de mantenerse en el puesto se consideran que están por encima del bien y del mal, que no hace falta hacer mayor cosa pues son inamovibles, que no tienen una responsabilidad política (sí, política) por sus decisiones.

Basta revisar las actas de la Asamblea Constituyente para darse cuenta que el tema de la inamovilidad de los magistrados fue discutida y rechazada. Lo que se estableció fue un régimen de estabilidad, y justo por ello se requiere una mayoría tan difícil de conseguir (la misma que para hacer cambios a la letra de la Constitución).

Si lo que se quiere es cambiar el sistema de elección, que ya no sea una decisión política de la Asamblea Legislativa, sino por otro medio, entonces se cambia las reglas del juego. Si lo que se quiere es que los magistrados sean vitalicios (con lo buenos, malos o mediocres que pudieran resultar), pues se cambian las reglas del juego. Si lo que se quiere es convertir al Poder Judicial es un supra poder que no esté sujeto a ningún tipo de control, pues se cambian las reglas del juego. Pero que se cambien después de una discusión seria, alejada de las pasiones.

Lo que no se vale, es hacer la de los chiquitos que agarran la bola y se la llevan para la casa. Lo que no se vale, es poner en entredicho el sistema que los eligió, solo porque a uno, utilizando el mismo sistema por el que resultaron electos, no lo reeligieron. Nuestros Constituyentes, al poner en manos de la Asamblea Legislativa la decisión de elegir y la decisión de no reelegir a los magistrados, tomaron la determinación de que el debate fuera 100% político.

No esperen discusiones, argumentos o conclusiones jurídicas en un foro donde todo es político. Podremos estar de acuerdo o en desacuerdo con las razones políticas. Nos parecerán más o menos inteligente los argumentos que dan los diputados, pero hay que entender que son políticos y no jurídicos. Luego será la ciudadanía la que decida si los diputados actuaron bien o mal.

No llevan razón el Magistrado Román Solís, o la Magistrada Ana Virginia Calzada al decirle a la Asamblea Legislativa cuáles son las razones por las que se puede quitar a un magistrado y cuáles no. Eso no está escrito en la Constitución y es prerrogativa de los diputados, según su buen entender, determinar qué constituye causa para que un alto juez siga o no en su cargo. Acotarle a un diputado los motivos por los que debe votar de una u otra forma, desde el cargo de magistrado, es absolutamente reprochable.

La quiebra de la institucionalidad del país no viene de quien sigue la ley, ni los procedimientos derivados de la Constitución. La ruptura de la institucionalidad, viene más bien de quienes pretenden alzarse contra el sistema establecido, del que se han visto directamente beneficiados, solo porque ahora, que opera en contra, no les gusta.

Ya es suficiente semejante hipocresía en el poder judicial. A los magistrados los eligen políticos, con criterios políticos, con mayoría calificada. A los magistrados los quitan políticos, con criterios políticos, con mayoría calificada.  

Respeten la Constitución que juraron defender, que tiene las reglas claras. Promuevan, si así lo quieren, reformas a nuestra Carta Fundamental para que el sistema sea distinto, pero todo dentro del marco de la ley, no con llamados absurdos e irresponsables de protestas en las calles.

* http://www.nacion.com/2010-11-12/Sucesos/NotaPrincipal/Sucesos2587263.aspx

Objetivo cumplido señor Berrocal

Federico Ruiz

Expresidente del Foro Juventud Fuerza Verde - PLN

fritzium@gmail.com

Sin lugar a dudas, Fernando Berrocal ha tenido claro el objetivo al contratar al genio de la publicidad que menos éxitos electorales ha tenido en la historia política del país: que hablen de su candidatura y de su “campaña”. Misión cumplida y cincos bien gastados, todos hablamos de los anuncios y el infausto lema “¿te vas a seguir dejando?”.

Para ello, ha sido suficiente banalizar el abuso sexual y dejar entrever que las intenciones electorales de un compañero de partido son violentar al país, tal como se ultraja a una persona.

No le importó al precandidato brincarse todas las normas éticas previstas en el Estatuto del PLN, como el artículo 13 que dice en su párrafo segundo: “El ser miembro del Partido, implica un compromiso personal y moral indisoluble, que se debe reflejar en todas sus actuaciones, especialmente en aquellas que tienen relación con la actividad política…”

Tampoco parece que revisara el numeral 16: “Es prohibido a los liberacionistas hacer comentarios que vayan contra el buen nombre y prestigio de los compañeros o del propio Partido. Como regla de conducta se establece la obligación para todos sus miembros, de fortalecer la unión interna de la organización partidaria y de ventilar los desacuerdos y confrontaciones mediante el diálogo entre las partes involucradas, para lo cual podrá acudirse a los Órganos formales del Partido.”

Por supuesto que su campaña no acata lo dicho en el artículo 17: “Constituyen deberes y derechos de los miembros: (…) f) Propiciar el compañerismo, la solidaridad y la unión de miembros del Partido”.

Ni siquiera un sonrojo por violentar lo establecido en el 113 o 116 con respecto al deber de las tendencias de acatar las normas de respeto y convivencia de compañeros del partido en contiendas electorales (aunque claro, se dirá que como la tendencia no está formalmente inscrita, todo está bien).

Se ha denigrado una campaña electoral que aún no arranca formalmente, se ha perjudicado al Partido Liberación Nacional, se ha agredido a un honorable compañero como Rodrigo Arias y no sabemos si vienen ataques contra otros. En síntesis, se le ha hecho un grave daño a la democracia interna del partido, todo por satisfacer el deseo de hablar del señor Berrocal.

Esa campaña es impresentable e indigna del partido más grande de Costa Rica. Las y los ciudadanos esperan muchísimo más que eso de los líderes liberacionistas. No debe ser tolerada, no debe ser aceptada y debe ser denunciada. Simplemente algo tan vulgar no tiene cabida en Liberación Nacional y confío que el Tribunal de Ética actuará de oficio examinando este asunto, como lo manda en artículo 123 del Estatuto.

No se diga que esta campaña no sirve para nada, pues por lo menos sirve de mal ejemplo. Es una demostración de cómo se desperdician tiempo y recursos, que habrían sido mejor invertidos en conocer el pensamiento de un precandidato y no el interés de destruir al adversario, quien además es correligionario.

Confío, sin embargo, que el resto de precandidatos y líderes del partido sabrán mantenerse por encima de estas bajezas, permitiéndonos debates de altura, de confrontación de propuestas y de sana crítica. Eso es lo que necesita Liberación Nacional y es lo que le urge a Costa Rica.

Costarricenses de tercera categoría

Federico Ruiz W.

Politólogo

fritzium@gmail.com

De acuerdo a estimaciones del Banco Central de Costa Rica, según fuera reseñado por el Subdirector General de Migración y Extranjería hace algunos meses, la población costarricense que está actualmente radicada en el exterior ronda la cifra de 250.000 ciudadanos. Esto representa aproximadamente el 6% de nuestros compatriotas y no debe ser considerada una cifra menor.

Desperdigados por el mundo, algunos han abandonado nuestro país de forma temporal (como quienes salen a estudiar), o de una forma mucho más permanente (quienes salen a buscar un trabajo porque no encuentran oportunidades aquí). La inmensa mayoría, sin embargo, buscan mantener algún tipo de arraigo con su patria (lo se por experiencia propia).

Lo anterior se facilita con el acceso a Internet que permite llevar el pulso de lo que pasa en Costa Rica, ya sea a través de las prensa escrita, los programas radiales, las decenas de blogs, plataformas como Facebook, Twitter, o con el cara a cara que permite Skype. Puede incluso decirse que muchos costarricenses en el exterior están más informados de lo que pasa en el país, que los ciudadanos que no han salido de su tierra.

Sin embargo, no debemos olvidar la canción de León Gieco cuando dice: "desahuciado está el que tiene que marchar a vivir una cultura diferente". Es por tanto un deber moral y cívico que el Estado costarricense haga todo lo posible por mantener y fortalecer el vínculo con sus ciudadanos que están lejos de nuestras fronteras, procurando, en la medida de lo posible, su retorno y el recuento de sus familias. Mientras eso sucede, el costarricense de afuera debe ser tomado en cuenta con exactamente los mismos derechos, como si estuviera adentro.

Por lo anterior, me resulta altamente preocupante y doloroso, cuando, sin la menor reflexión, nuestro Estado ha creado tres categorías de costarricenses, y con gran engaño se vanagloria porque "finalmente los ciudadanos podrán votar en el exterior a partir de 2014". Eso es, antes que todo, una colosal cancamusa, una estafa, un timo. Reseñemos las clases de compatriotas:

La máxima categoría de ciudadano es quien tiene la dicha de vivir en Costa Rica, con todos los derechos. En febrero de 2014 podrá ir a las urnas y votar en todas las papeletas e incidir en la conformación de la Asamblea Legislativa. En el 2016 podrán votar en elecciones municipales por quienes están llamados a resolver los problemas de su cantón. En esta categoría de ciudadanos hay que incluir a la población privada de libertad, quien desde la cárcel podrá votar gracias a los ingentes esfuerzos del Tribunal Supremo de Elecciones por inscribirlos.

El ciudadano “clase B”, es aquel que por suerte vive cerca de una embajada o consulado. Esta persona se inscribe como votante y tiene exclusivamente el derecho de votar en las elecciones presidenciales, o si llegase a suceder, en algún referéndum. No tienen la posibilidad de votar por diputados (a pesar de que estos aprueban leyes, que aun estando en el exterior les impactan directamente), y sin duda no pueden votar por sus representantes locales (a pesar de que sus familias se ven afectadas por quienes resulten electos en los concejos y alcaldías).

Los ciudadanos de tercera categoría son, como habrá adivinado el lector, aquellos que no viven en la cercanía de una embajada o un consulado. Son como aquel estudiante de la Universidad de Kansas, quien debe hacer todo trámite ante el consulado costarricense en Houston (según la jurisdicción), a una distancia de 1021 kilómetros en línea recta. Por no hablar de la costarricense que habita en un país donde ni hay embajada, ni consulado. Estos ciudadanos verán por los medios digitales la elección, pero no participarán de ella, ni siquiera en la presidencial.

Véase además lo lamentable de los números de registro de votantes. Según se anunció recientemente con bombos y platillos, al día de hoy hay un poquito más de 4000 costarricenses inscritos para votar. Eso representa el 0.09% del total de la población y únicamente el 1.6% de quienes están fuera de Costa Rica. ¿Cómo es que eso no nos indigna, nos avergüenza y nos motiva a cambiar ese sistema que excluye a compatriotas de la vida nacional?

Sobre lo anterior debe decirse, con toda contundencia, que no existe excusa alguna para impedir que quienes habiten fuera del país voten por sus diputados. El artículo 106 de nuestra Constitución Política es clara en señalar que el carácter del diputado es por la nación, lo que quiere decir que nos representan a todas y todos los ciudadanos. La naturaleza de la representación popular no debe confundirse con la forma en que se eligen (a través de las provincias).

Pero, en caso de que alguien quiera posicionar la forma de elección por encima de la naturaleza del diputado, al decir que “no se puede permitir que quien viva en el extranjero vote por los parlamentarios porque estos se eligen por provincias” (como lamentablemente se desprende de las tristes comparecencias de los asesores del TSE a la Asamblea Legislativa), se estaría poniendo “la carreta delante de los bueyes”.

Es exactamente lo mismo que impedir la emisión del voto presidencial, mediante la utilización de tantas otras formas, probadas con éxito en muchos países del mundo, como el que se hace por correo postal, o el voto electrónico.

Si se va a recurrir a ese es burdo pretexto del “no se puede porque la ley lo impide”, la solución es simple: modifíquese la forma, para que garanticemos el fondo del asunto: que exista verdaderamente la universalización del sufragio. Cámbiense las leyes que sean necesarias, incluida la propia Constitución, si es del caso. 

Publicado en La Fragua: 6-agosto-2010

http://lafraguacr.org/2012/08/06/costarricenses-de-tercera-categoria-federico-ruiz-w-politologo/

Triunfó el terror

Federico Ruiz W.
Politólogo

La secuencia de eventos resultó providencial para ejemplificar el grave problema de toma de decisiones que tenemos. El lunes 9 de enero, en el programa radial "Nuestra Voz" de la ilustre periodista Amelia Rueda, la Directora Ejecutiva del Consejo para la Promoción de la Competitividad doña Clotilde Fonseca, expuso con toda claridad que los funcionarios públicos tiene un pánico absoluto para la toma de decisiones, pues la condena por un eventual fracaso (o por el disgusto de la medida) es fulminante. Las acusaciones de corrupción, faltas a la ética, "chorizo", ineptitud, solicitudes inmediatas de renuncia, demandas de encarcelamiento, son típicas de escuchar.

Las consecuencias para el funcionario (con eventuales persecusiones de tipo penal), por el solo hecho de asumir el riesgo de gobernar son tan altas, que lo mejor es evitar tomar decisiones y simplemente quedarse administrando lo que ya existe.

Justo un día después, se conoce una decisión adoptada en noviembre pasado por la Junta Administradora del Estadio Nacional, acuerpada por el señor Ministro de Deportes don William Todd, que consiste en reservar más de dos mil entradas de cualquier evento que se realice en dicho estadio, para ser otorgadas a personas que por sus condiciones económicas en situaciones normales no podría asistir a eventos deportivos o culturales. Las entradas las administran entidades como el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor (CONAPAM), el Centro Nacional de Rehabilitación (CENARE) o el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) y se rotarán por provincias.

Esa es una típica política de gobierno, que podrá ser debatida, compartida o no, pero que es legítima, es válida, y además es absolutamente ética. Es además una medida que particularmente me gusta, pues la considero progresista, que busca incrementar el acceso de quienes menos tienen a espectáculos que mejoran su dignidad como seres humanos y ayuda a que se realicen más como personas. Sin embargo entiendo perfectamente a aquellos que, con un pensamiento conservador e individualista extremo, puedan estar en contra.

A pesar de ser una decisión válida, la condena fue inmediata. En las redes sociales se pidió la renuncia del señor Todd, porque se parte de la premisa que algo corrupto existe detrás de todo. Justamente doña Amelia (en su absoluto derecho de crítica y presión), determinó que la medida es un error y que está segura que esas entradas llegarán a los "pegabanderas", familiares y todas aquellas personas a las que no están originalmente destinadas. Cuando conversó con el Ministro le solicitó que este "problema" se resolviera de alguna forma, por mejores intenciones que tuviera el jerarca.

Lo lamentable es que el señor Ministro flaqueara ante el terror que implanta la opinión pública. Señaló que si la medida no gusta (porque así lo expresaron algunas persoans) se va a quitar. Queda entonces expuesto a cabalidad lo dicho por doña Clotilde: el funcionario es hoy una persona acusada de poco ética porque tomó una decisión que a algunos no les gustó. Le hubiera ido mejor si no tiene ideas y simplemente se dedica a administrar un inmueble.

La política adoptada no será perfecta (nunca lo son). Esperarse hasta ahora para comunicarla no habrá sido la mejor decisión. Pero hasta que no entendamos que gobernar incluye cometer errores, que tener ideas distintas no hace de la otra persona un corrupto y que no siempre hay intenciones secretas, vamos a seguir con un régimen del terror, donde la inacción será la regla.

Los peligros del voto preferente.

Daniel Calvo Sánchez. / Politólogo. /
Federico Ruiz Wilson. / Politólogo. /

En los últimos días, a partir de una serie de cuestionamientos realizados a diversas figuras y fuerzas políticas de nuestro país, diversos analistas, columnistas y medios de comunicación, han manifestado la necesidad de incluir el llamado voto preferente en nuestra legislación electoral.

El voto preferente consiste en permitir que el elector cambie el orden de los candidatos a diputados en las listas que presentan los partidos, provocando que sea la suma de dichas preferencias la que determine el orden final para la adjudicación de escaños. Sus defensores señalan que es más democrático y que garantiza mejores diputados. Ambos argumentos son muy discutibles y no toman en cuenta los enormes peligros que los efectos de esta forma de votar tienen para el sistema político. En términos más coloquiales: el remedio resulta peor que la enfermedad.

En primer lugar, provoca una desarticulación de los partidos políticos, pues a la lucha entre agrupaciones, debe agregarse una batalla a lo interno de cada una de ellas por alcanzar el primer lugar de la lista. Esto sin duda genera desgastes, fricciones entre compañeros y una gran independencia del candidato frente a su agrupación. Estaríamos frente a un verdadero “canibalismo político”, en palabras del Presidente del TSE, don Luis Antonio Sobrado. Al final el diputado considera que ganó a pesar de su partido y por lo tanto no le debe lealtad alguna, lo que conlleva una considerable pérdida de cohesión partidaria.

Esto sin duda tiene un grave impacto sobre el trabajo legislativo diario y especialmente sobre la gobernabilidad. Los gobiernos de turno ya no negociarán con bancadas, sino con un sinnúmero de personalidades independientes, quienes no tendrán temor de separarse de la disciplina partidaria (especialmente necesaria en la fracción de gobierno). El funcionamiento esclerótico de la Asamblea Legislativa se multiplicaría, haciendo prácticamente imposible llegar a acuerdos y tomar decisiones políticas.

El otro gran problema es el encarecimiento de las campañas y el control de las fuentes de financiamiento de cada candidato. Al establecer el voto preferente, ya no son los partidos los que piden el voto, sino es cada candidato a diputado quien solicita el apoyo para alterar la lista, situación que implica necesariamente que cada aspirante debe generar su propia organización, su propia campaña mediática, en fin, su propia maquinaria electoral.

Cada candidato deberá buscar sus propias fuentes de financiamiento para poder competir contra compañeros de partido y aspirantes de otras agrupaciones. ¿De dónde vendrá dicho financiamiento? Una posibilidad es que el Estado garantice a toda persona inscrita en una papeleta recursos económicos, pero la logística de eso sería demencial, el dinero muy poco, y el costarricense estaría opuesto a aumentar la contribución estatal a las campañas.

Lo anterior implica entonces que el candidato debe buscar recursos privados, con el riesgo de poder ser “comprado” por lo que los estadounidenses llaman los “intereses especiales”, o bien tener financiamiento propio para poder realizar grandes gastos, hecho que nos obligaría a que solo los ricos puedan participar.

Nótese además, que en las pasadas elecciones, solo en la provincia de San José se inscribieron 11 partidos, con papeletas con 20 candidatos cada una. Estamos hablando que únicamente en esta circunscripción electoral, se presentaron 220 candidatos. ¿Cómo se controlan las finanzas de 220 aspirantes a diputados, todos con sus campañas buscando el primer lugar de la lista? ¿Tiene la capacidad el TSE de poder controlar los ingresos monetarios de centenares de candidatos?

La desarticulación de los partidos, el aumento de la ingobernabilidad, los altísimos costos de las campañas y la dificultad para el control del financiamiento, deberían ser razones más que suficientes para enterrar definitivamente el voto preferente. El riesgo de un aumento en la corrupción con la compra de conciencias, o convertir a Costa Rica en una verdadera plutocracia es enorme y debe evitarse.

El legislador debe retomar las preguntas básicas

Federico Ruiz W.
Politólogo

Cuando el sistema político empieza a dar problemas, y cada vez cuesta más que resuelva los problemas de la población, hay que arreglarlo o cambiarlo. No es nada novedoso decir que nuestro Estado enfrenta serios despefectos en todos sus niveles, y que uno de los principales escollos proviene del poder legislativo.

Sin embargo, frente a una desesperación creciente de la población y alguna parte de la clase política (por demás justificada), se llega a proponer soluciones verdaderamente desatinadas, que vendrían no solo a impedir que un problema se resuelva, sino más a bien a agrandarlo. Un claro ejemplo de esto es la tesis sostenida por algunos, de que la calidad del parlamentario depende de la forma en que un diputado fue elegido y, por tanto, es cambiando el sistema de elección como se va a arreglar, por arte de magia, la Asamblea Legislativa. Nada más lejano de la realidad, puesto que un buen o mal diputado, sale de forma independiente al mecanismo por el que obtiene el escaño.

Otra idea que se maneja es la de "revocar el mandato" al diputado que no cumple con papel. Esto tampoco resuelve el problema de fondo, siendo que más bien -dado el caos político en el que vivimos-, entraríamos a un sistema de campañas interminables, donde el revanchismo político sería la moda. Todos estarían buscando revocar el mandato del opositor y nadie estaría interesado en legislar o buscar acuerdos. Por no mencionar el costo económico de una medida de estas, o de lo injusto que es implantar la remoción como castigo, pero no premiar la excelencia con la posibilidad de reelección sucesiva.

Así se podría seguir mencionado una impresionante gama de ocurrencias (algunas más afortunadas que otras), pero son pocas las ideas que van verdaderamente al fondo del asunto. El problema, es que la ideas que saltan a la palestra están cargadas de buenas intenciones, pero no parten de las ideas fundamentales que conforman el sistema democrático (en el caso particular el poder legislativo).

Si quieren verdaderamente entrar al problema del funcionamiento de la Asamblea, deben todos los señores y señoras diputadas, junto con sus asesores y grupos parlamentarios, partir de las preguntas más básicas: ¿Cuál es la razón de ser del parlamento? ¿Cuál es el papel de un diputado? ¿Cuál es el papel de las fracciones políticas?...

Pensarán algunos que retomar esas interrogantes es perder el tiempo. ¿Lo será? En el último año se ha escuchado que ahora el parlamento está más para el "control político" que para legislar. Se ha hablado de que el papel del diputado es más vigilar al gobierno, que legislar. Se dice que es más importante proteger el derecho a hablar por horas o presentar mil mociones, que llevar un proyecto a votación. Las fracciones carecen de sentido o utilidad, porque los miembros de las mismas hacen lo que les da la gana y si llegan a "independizarse", son tratados exactamente igual que el más grande de los grupos parlamentarios (¿por qué no se hacen 57 fracciones?).

A lo mejor, esa remozada función del congreso sea la apropiada (me niego a aceptarlo), pero lamentablemente no hay discusión al respecto. Simplemente se da como cierta y nadie levanta la voz para oponerse. Las cosas se van sucediendo en una cadena, una tras otra, sin reflexión, consolidando prácticas que van carcomiendo el sistema político.

La oposición ha sido hacia el sistema democrático, más que al gobierno. El oficialismo parece que es únicamente reactivo. Quienes proponen soluciones, no entran al fondo, sino que nos recetan una noble ráfaga de disparates. Cada vez se piensa menos en la razón de ser de las cosas, en lo básico, y sin duda casi nadie analiza las consencuencias del desastre que nos pueden heredar, cuando plantean como receta, tomar un caldo de pollo para curar una quebradura de cadera.