Federico Ruiz W.
Politólogo
Es una vergüenza nacional que la Asamblea Legislativa tenga casi año y medio sin elegir un Magistrado para la Sala Constitucional. Que no se escuchen protestas diarias por todos los sectores del país, ante semejante barbaridad, da muestras claras que el tema no les resulta propio, con todo y que esa es la institución que les responde los recursos para la protección de sus derechos fundamentales.
La responsabilidad, sin embargo, recae exclusivamente en el parlamento, el cual haciendo gala, una vez más, de sus inoperantes procedimientos, no logra ponerse de acuerdo para tomar una decisión. En este caso en particular, me parece que la raíz del problema está en la posición cuasi-esquizoide de los distintos grupos parlamentarios al tratar de disimular una evidente decisión político-ideológica, en ciertos supuestos de imparcialidad política.
Hay dos cosas que deben quedar clarísimas:
1. La Asamblea Legislativa es el órgano más político de todos y sus decisiones son ante todo políticas.
2. La escogencia de un Magistrado es una decisión política más, donde influyen factores tremendamente ideológicos, que no pueden y no deben ser negados.
Sin embargo, desde que se inventó esa nefasta "Comisión de Nombramientos" y los supuestos procedimientos técnicos para calificar candidatos a diversos puestos, la Asamblea intenta por arte de magia, abstraerse de tomar una decisión política y más aún, renegar de los intereses ideológicos que en dicha decisión subsisten.
Los partidos tienen pánico de anunciar cuál es su candidato, pues eso inmediatamente lo "quemaría" frente a los otros grupos parlamentarios, quienes a su vez gritarán en un nuevo acto de surrealismo: "¡están politizando estos nombramientos!".
Por su parte, algunos de los valientes candidatos que se someten al escrutinio de dicha comisión, temen asumir posiciones públicamente sobre su forma de ver el mundo, para no "perder puntos" con algunas bancadas, quedando como candidatos sosos, que no aportan algo sustantivo sobre la forma en la que creen que deberían conducirse las decisiones jurídicas del país. Para ganar votos, más vale ser ralito en las posiciones, quedarse en generalidades lo más amplias posibles...
Eso por supuesto es lo que gusta a los diputados que defienden este sistema de la "no politización", de la decisión política.
Ya quisiera ver una fracción que se amarre los pantalones y diga con toda claridad: "vamos a ir a buscar a esta persona, porque tiene estas cualidades y porque defiende estas posiciones, que creemos son las mejores para el tipo de Estado que queremos".
Eso es lo que hacen los países desarrollados. Véase por ejemplo España o los Estados Unidos donde todo mundo sabe cuáles magistrados son conservadores y cuáles son liberales (o progresistas). Ahí nadie está engañado, todos saben las posiciones de los jueces y, especialmente los congresistas, no elaboran mecanismos exóticos para disimular, o disfrazar lo que debería ser una elección transparente en cuanto al fondo.
No quisiera abundar en más argumentos, pues para eso dejo este artículo de don Francisco Antonio Pacheco que tiene más de 10 años de escrito y que si lo publicaran hoy otra vez, tendría el mismo valor. En una década no hemos aprendido, que estos experimentos de auto-engaño, no sirven.
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http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/marzo/05/opinion3.html
Por quien valga la pena
• El país de la discontinuidad elige magistrado
Francisco Antonio Pacheco
La falta de memoria colectiva que se vive en el país se plasma en la aversión a toda forma de continuidad política. La gente se opone a la reelección de los diputados, los diputados se oponen a la reelección presidencial, y a algunos les disgusta la reelección de las magistradas independientes, pues actúan al margen de las fuerzas políticas que ellos representan. En fin, nos encanta que la creación ex nihilo se produzca cada cuatro años y, si se puede, pues antes. Pero, esto, claro está, tiene su precio.
Pensaba en estas cosas, a raíz de la noticia de que la Asamblea Legislativa decidió encargarle a una comisión el escogimiento de los candidatos a magistrado. De nada vale que don Alberto Cañas haya explicado por años, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, los peligros gravísimos que comporta la puesta en marcha de esa idea; de nada valen los artículos que se han escrito sobre el tema; la experiencia nacional, los discursos, las discusiones, en fin... va de nuevo.
Caro desatino. Es una pena –el país lo paga caro– que no haya un sistema bien concebido de reelección de diputados. Si en esta Asamblea Legislativa estuvieran aún (para desgracia suya) algunos diputados del período anterior, no se hubiera dado ese desatino de introducir una comisión para filtrar los candidatos a magistrado. Muy posiblemente se habría aplicado, otra vez, el sistema que se empleó para elegir al magistrado Van Der Laat; es decir, el más digno de todos los posibles: ir a buscarlo a la casa, porque tenía gran capacidad para desempeñar el cargo, y convencerlo de que aceptara la magistratura. Este caso, por cierto, prácticamente nunca se menciona, a pesar de haber sido el último y de constituir un ejemplo claro de lo que puede y debe hacerse.
Yo no sé hasta cuándo vamos a seguir viviendo de ficciones y de subterfugios, pero a quienes tuvimos la experiencia de vivir en el pasado elecciones de magistrados, y de defensor de los habitantes, no se nos puede seducir con esas ficciones de comités encargados de filtrar candidatos y que permiten ocultar –y en algunos casos burlar– la responsabilidad clara y directa de las fracciones parlamentarias y de los partidos.
Proceso vano. Puede ser que la gente lo ignore, pero la licenciada Sandra Piszk estaba elegida como defensora, antes, durante y después de las entrevistas a los candidatos al puesto; más aún, cuando ni siquiera se habían inscrito como tales. Ella era casi la única persona bien informada que tenía dudas del resultado. Y, por cierto, fue una magnífica elección, como lo han probado los hechos, efectuada sin la participación efectiva de una comisión, que no tuvo otro efecto que salvaguardar las formas. Pero, reconozcámoslo, todo el proceso fue vano. Corre la versión de que ya se sabe, y desde hace bastante tiempo, quién la sustituirá. En todo caso, le importará más a los miembros de la comisión lo que opinen otras fuerzas políticas, que a las fuerzas políticas, lo que opine la comisión.
La participación de la Comisión de Nombramientos en la elección de magistrados solo puede tener efectos negativos. En primer lugar, está por probarse que el sistema vigente hasta ahora, directo, sin instancias intermedias, resulte perjudicial. Tenemos excelentes magistrados independientes de las fuerzas políticas –como la magistrada Calzada–, y son producto de este sistema. En segundo lugar, nada permite pensar que el escrutinio previo que realizará la Comisión de Nombramientos elimine la posibilidad de que surja la politización, en el peor sentido del término. ¿No resulta más fácil efectuar manejos en un grupito que dentro del ámbito general de las fracciones o del Plemario? Esto, sin señalar, de paso, que no toda politización es inconveniente. No lo es aquella que ocurre con toda claridad y se liga a razones ideológicas y no al deseo de manejar a la gente.
Pero hay más problemas que señalar. En tercer lugar, el nuevo procedimiento impide que se busquen candidatos a magistrado fuera de la nómina de quienes presenten su nombre. ¿Y qué haríamos si todos los que presentan su nombre son malos? En cuarto lugar, ya no será posible ir a buscar a alguien de primera, para ofrecerle una candidatura respaldada por un número importante de diputados –ojalá mayoritario– y convencerlo de que acepte el cargo. Y, finalmente, nada impide que, en el futuro, el elegido esté escogido antes de iniciarse el proceso y que las discusiones y la opinión de las fracciones y del Plenario se escamoteen, gracias a la maniobra hábil de algún político nefasto.
Ordalía inconducente. El sistema que comenzará a funcionar ahora es excluyente. Quien más vale es quien más tiene que perder al someterse a esa especie de ordalía insulsa e inconducente a que somete la Asamblea a los candidatos a ciertos cargos. Es muy difícil que los mejores accedan a pasar por ella. Al contrario, un buen número de ellos, tal vez todos, se abstendrán de acercarse siquiera a la Asamblea Legislativa.
Quedan algunas preguntas por contestar: ¿Qué fundamento constitucional tiene la nueva aplicación de este procedimiento? ¿Qué pasa si el Plenario se aparta de la recomendación de la Comisión de Nombramientos? ¿Pierden los diputados la iniciativa de proponer candidatos diferentes y de votar por ellos? En un gesto excesivo de mi parte, me atrevo a pedirles a los diputados que asuman su responsabilidad plena y directa en estos asuntos y que no la deleguen en ningún grupo, por selecto que sea hoy. Voten por quien valga la pena. Porque mañana...
Politólogo
Es una vergüenza nacional que la Asamblea Legislativa tenga casi año y medio sin elegir un Magistrado para la Sala Constitucional. Que no se escuchen protestas diarias por todos los sectores del país, ante semejante barbaridad, da muestras claras que el tema no les resulta propio, con todo y que esa es la institución que les responde los recursos para la protección de sus derechos fundamentales.
La responsabilidad, sin embargo, recae exclusivamente en el parlamento, el cual haciendo gala, una vez más, de sus inoperantes procedimientos, no logra ponerse de acuerdo para tomar una decisión. En este caso en particular, me parece que la raíz del problema está en la posición cuasi-esquizoide de los distintos grupos parlamentarios al tratar de disimular una evidente decisión político-ideológica, en ciertos supuestos de imparcialidad política.
Hay dos cosas que deben quedar clarísimas:
1. La Asamblea Legislativa es el órgano más político de todos y sus decisiones son ante todo políticas.
2. La escogencia de un Magistrado es una decisión política más, donde influyen factores tremendamente ideológicos, que no pueden y no deben ser negados.
Sin embargo, desde que se inventó esa nefasta "Comisión de Nombramientos" y los supuestos procedimientos técnicos para calificar candidatos a diversos puestos, la Asamblea intenta por arte de magia, abstraerse de tomar una decisión política y más aún, renegar de los intereses ideológicos que en dicha decisión subsisten.
Los partidos tienen pánico de anunciar cuál es su candidato, pues eso inmediatamente lo "quemaría" frente a los otros grupos parlamentarios, quienes a su vez gritarán en un nuevo acto de surrealismo: "¡están politizando estos nombramientos!".
Por su parte, algunos de los valientes candidatos que se someten al escrutinio de dicha comisión, temen asumir posiciones públicamente sobre su forma de ver el mundo, para no "perder puntos" con algunas bancadas, quedando como candidatos sosos, que no aportan algo sustantivo sobre la forma en la que creen que deberían conducirse las decisiones jurídicas del país. Para ganar votos, más vale ser ralito en las posiciones, quedarse en generalidades lo más amplias posibles...
Eso por supuesto es lo que gusta a los diputados que defienden este sistema de la "no politización", de la decisión política.
Ya quisiera ver una fracción que se amarre los pantalones y diga con toda claridad: "vamos a ir a buscar a esta persona, porque tiene estas cualidades y porque defiende estas posiciones, que creemos son las mejores para el tipo de Estado que queremos".
Eso es lo que hacen los países desarrollados. Véase por ejemplo España o los Estados Unidos donde todo mundo sabe cuáles magistrados son conservadores y cuáles son liberales (o progresistas). Ahí nadie está engañado, todos saben las posiciones de los jueces y, especialmente los congresistas, no elaboran mecanismos exóticos para disimular, o disfrazar lo que debería ser una elección transparente en cuanto al fondo.
No quisiera abundar en más argumentos, pues para eso dejo este artículo de don Francisco Antonio Pacheco que tiene más de 10 años de escrito y que si lo publicaran hoy otra vez, tendría el mismo valor. En una década no hemos aprendido, que estos experimentos de auto-engaño, no sirven.
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http://wvw.nacion.com/ln_ee/2001/marzo/05/opinion3.html
Por quien valga la pena
• El país de la discontinuidad elige magistrado
Francisco Antonio Pacheco
La falta de memoria colectiva que se vive en el país se plasma en la aversión a toda forma de continuidad política. La gente se opone a la reelección de los diputados, los diputados se oponen a la reelección presidencial, y a algunos les disgusta la reelección de las magistradas independientes, pues actúan al margen de las fuerzas políticas que ellos representan. En fin, nos encanta que la creación ex nihilo se produzca cada cuatro años y, si se puede, pues antes. Pero, esto, claro está, tiene su precio.
Pensaba en estas cosas, a raíz de la noticia de que la Asamblea Legislativa decidió encargarle a una comisión el escogimiento de los candidatos a magistrado. De nada vale que don Alberto Cañas haya explicado por años, dentro y fuera de la Asamblea Legislativa, los peligros gravísimos que comporta la puesta en marcha de esa idea; de nada valen los artículos que se han escrito sobre el tema; la experiencia nacional, los discursos, las discusiones, en fin... va de nuevo.
Caro desatino. Es una pena –el país lo paga caro– que no haya un sistema bien concebido de reelección de diputados. Si en esta Asamblea Legislativa estuvieran aún (para desgracia suya) algunos diputados del período anterior, no se hubiera dado ese desatino de introducir una comisión para filtrar los candidatos a magistrado. Muy posiblemente se habría aplicado, otra vez, el sistema que se empleó para elegir al magistrado Van Der Laat; es decir, el más digno de todos los posibles: ir a buscarlo a la casa, porque tenía gran capacidad para desempeñar el cargo, y convencerlo de que aceptara la magistratura. Este caso, por cierto, prácticamente nunca se menciona, a pesar de haber sido el último y de constituir un ejemplo claro de lo que puede y debe hacerse.
Yo no sé hasta cuándo vamos a seguir viviendo de ficciones y de subterfugios, pero a quienes tuvimos la experiencia de vivir en el pasado elecciones de magistrados, y de defensor de los habitantes, no se nos puede seducir con esas ficciones de comités encargados de filtrar candidatos y que permiten ocultar –y en algunos casos burlar– la responsabilidad clara y directa de las fracciones parlamentarias y de los partidos.
Proceso vano. Puede ser que la gente lo ignore, pero la licenciada Sandra Piszk estaba elegida como defensora, antes, durante y después de las entrevistas a los candidatos al puesto; más aún, cuando ni siquiera se habían inscrito como tales. Ella era casi la única persona bien informada que tenía dudas del resultado. Y, por cierto, fue una magnífica elección, como lo han probado los hechos, efectuada sin la participación efectiva de una comisión, que no tuvo otro efecto que salvaguardar las formas. Pero, reconozcámoslo, todo el proceso fue vano. Corre la versión de que ya se sabe, y desde hace bastante tiempo, quién la sustituirá. En todo caso, le importará más a los miembros de la comisión lo que opinen otras fuerzas políticas, que a las fuerzas políticas, lo que opine la comisión.
La participación de la Comisión de Nombramientos en la elección de magistrados solo puede tener efectos negativos. En primer lugar, está por probarse que el sistema vigente hasta ahora, directo, sin instancias intermedias, resulte perjudicial. Tenemos excelentes magistrados independientes de las fuerzas políticas –como la magistrada Calzada–, y son producto de este sistema. En segundo lugar, nada permite pensar que el escrutinio previo que realizará la Comisión de Nombramientos elimine la posibilidad de que surja la politización, en el peor sentido del término. ¿No resulta más fácil efectuar manejos en un grupito que dentro del ámbito general de las fracciones o del Plemario? Esto, sin señalar, de paso, que no toda politización es inconveniente. No lo es aquella que ocurre con toda claridad y se liga a razones ideológicas y no al deseo de manejar a la gente.
Pero hay más problemas que señalar. En tercer lugar, el nuevo procedimiento impide que se busquen candidatos a magistrado fuera de la nómina de quienes presenten su nombre. ¿Y qué haríamos si todos los que presentan su nombre son malos? En cuarto lugar, ya no será posible ir a buscar a alguien de primera, para ofrecerle una candidatura respaldada por un número importante de diputados –ojalá mayoritario– y convencerlo de que acepte el cargo. Y, finalmente, nada impide que, en el futuro, el elegido esté escogido antes de iniciarse el proceso y que las discusiones y la opinión de las fracciones y del Plenario se escamoteen, gracias a la maniobra hábil de algún político nefasto.
Ordalía inconducente. El sistema que comenzará a funcionar ahora es excluyente. Quien más vale es quien más tiene que perder al someterse a esa especie de ordalía insulsa e inconducente a que somete la Asamblea a los candidatos a ciertos cargos. Es muy difícil que los mejores accedan a pasar por ella. Al contrario, un buen número de ellos, tal vez todos, se abstendrán de acercarse siquiera a la Asamblea Legislativa.
Quedan algunas preguntas por contestar: ¿Qué fundamento constitucional tiene la nueva aplicación de este procedimiento? ¿Qué pasa si el Plenario se aparta de la recomendación de la Comisión de Nombramientos? ¿Pierden los diputados la iniciativa de proponer candidatos diferentes y de votar por ellos? En un gesto excesivo de mi parte, me atrevo a pedirles a los diputados que asuman su responsabilidad plena y directa en estos asuntos y que no la deleguen en ningún grupo, por selecto que sea hoy. Voten por quien valga la pena. Porque mañana...
